El ministerio público se mostró dispuesto desde el año pasado a exterminar los vestigios de corrupción que están diseminados por toda la administración del estado y que medran por las entidades públicas a la espera de poder llenar los bolsillos de sus elementos corrompidos.
Una de estas entidades fue la Policía Nacional, en donde algunos malos elementos se empeñaron en desacreditar a su institución al prestarse a acciones delictivas que fueron desvirtuadas de la única y contundente manera de poder achacar un delito de cohecho a quienes usan el uniforme para sacarle dinero a la gente.
Nos referimos a las muchas celadas que concretó la fiscalía anticorrupción de la mano con la unidad especializada de la Policía para estos casos de corrupción, la cual no vaciló en tener que sorprender a sus propios colegas cuando echaban mano al vil recurso de la coima y los pagos subrepticios de favores.
Una de las dependencias más proclive a estas acciones es la jefatura de tránsito de las comisarías, en donde es fácil poder sacarle dinero a los choferes que han incurrido en falta y buscan la manera de sacudirse de papeleos y acusaciones que los perjudicaría.
Para ello ofrecen dinero o acceden a los pedidos de corrompidos Policías a efectos de desvirtuar una intervención policial, empero, en esta clase de contubernios nunca faltan aquellos que no concilian con esta clase de maniobras delincuenciales, aparecen choferes que se muestran asqueados cuando son compelidos a dar una suma de dinero, entonces lo que hacen es recurrir a la fiscalía para denunciar el acto de corrupción.
De esta manera, recordemos que el año pasado más de una decena de sub oficiales fueron a parar al Penal de Cambio Puente al ser descubiertos en estas prácticas delictivas, algunos ya sentenciados y otros con procesos pendientes.
Justamente, uno de estos últimos casos lo protagonizaba el S.O. Jesús Jonathan Castillo Huayta, de la Policía de Tránsito, quien fue intervenido por la Policía Anticorrupción y el fiscal anticorrupción Robert Rojas Ascón en la intersección del Jirón José Olaya y la avenida Gálvez tras la denuncia en su contra de haber solicitado a un chofer 200 soles a través de su cuñado, pedido que quedaron grabados en mensajes de WhatsApp y que constituyó un elemento grave de convicción.
Como consecuencia de este hecho el mal Policía fue a para al penal de Cambio Puente, con una medida de prisión preventiva de 9 meses, lapso en el cual, debería ser investigado y sentenciado, empero, nada de ello ha ocurrido, por el contrario, hace solo unos días ha salido del penal ante la inoperancia del fiscal de la causa.
Esa prisión preventiva se venció el martes 8 del presente mes y como quiera que el fiscal no ha solicitado la prolongación de la medida, el abogado defensor, solicitó la excarcelación de su patrocinado lo que fue concedido por el Tercer Juzgado Penal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
¿Sin embargo, como ha podido ocurrir esto? En realidad, es una intolerable negligencia del Fiscal Robert Rojas Ascón pues a decir de los abogados no solo no ha realizado diligencia alguna para avanzar el proceso de investigación, sino que ni siquiera reparó que el plazo de la prisión estaba por vencerse y debió solicitar una ampliación.
Esto lo hacen todos los Fiscales, más aún ahora que deben diligenciar todos los casos bajo las nuevas reglas del código procesal penal, en donde la lentitud de los tramites judiciales se hace más patética aun.
Lamentablemente, en el caso del Sub Oficial de la Policía detenido en flagrante delito se ha permitido que se agote el plazo de la prisión y de esta manera el abogado solicite la libertad procesal, que es lo mismo que decir que se ha superado los plazos señalados por el juez y no existe una sentencia o ni siquiera una acusación formal.
Si el Policía denunciado por corrupción, que ha cometido un típico delito de cohecho, se encuentra en libertad es porque la administración de justicia lo permite, porque cuenta con jueces y fiscales que no dan la talla y dejan que un sujeto que ha violado la ley y ha traicionado a su institución camine libremente ante el potencial riesgo que vuelva a delinquir.
Sirva este caso de lección a los órganos de control del Poder Judicial, y del Ministerio Público pues conductas como la del fiscal Robert Rojas no deben permitirse, hay que cortar por lo sano y no permitir que un acto de flagrante delito se convierta en motivo de justificaciones vagas y triviales.