Defensoría hace necesario deslinde:
Ante los hechos que vienen aconteciendo en la carretera Panamericana, en las regiones tanto de Ica como de La Libertad, como consecuencia de los problemas planteados hace dos semanas por los trabajadores agrarios; y de la dación de la nueva ley agraria, pendiente de debate en el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto en salvaguarda de la vida de las personas que se ven afectadas.
Como se recuerda, los hechos de violencia ocurridos los días 21 y 22 de diciembre tanto en las regiones mencionadas, constatando bloqueos de la carretera Panamericana en varios tramos, enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú, agresiones al chofer de una ambulancia, quema de la misma y de otros vehículos, rotura de llantas de vehículos varados, cobro de cupos por transitar, enfrentamientos entre civiles, personas expuestas a varios riesgos (niñas, niños, personas adultas mayores, personas enfermas, mujeres embarazadas), camiones con oxígeno medicinal para atender la pandemia, dejó en claro que si bien es cierto, existe el derecho a la protesta, existe una condición indispensable y es que sea ejercido de manera pacífica, no se puede protestar, afectando los derechos de otras personas.
Y peor aún, creando una situación de riesgo para la vida, la integridad, la salud, la propiedad o la tranquilidad de las demás personas, más aún cuando estas no son responsables de aquello que se reclama ni tampoco de resolverlo.
“Sostenemos de manera firme que la Constitución y las leyes no amparan en ningún caso la protesta violenta, cuyas consecuencias caen en la esfera del derecho penal”, señaló la Defensoría del Pueblo, reafirmando que este es un conflicto social en el que la demanda de la derogatoria de la Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario, Ley N° 27360 ha sido atendida.
Se sabe, que el Parlamento se comprometió a promulgar una nueva ley agraria en 15 días. No obstante, las dificultades para cumplir con este plazo, se espera el mayor esfuerzo posible para llegar al más amplio consenso a nivel de las bancadas parlamentarias, los trabajadores agrícolas y los empresarios agroindustriales.
La Defensoría del Pueblo continúa su trabajo en las zonas de las protestas, coordinando la respuesta humanitaria con las autoridades locales, e invocando a la población a evitar actos de violencia que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas.