Editorial

::: DENOMINADOR COMÚN :::

Unos días antes de la navidad, la Policía Judicial puso tras las rejas al empresario comando, Jorge Luis Balvis Castro, quien venía siendo buscado desde hace unos dos años atrás, luego que fuera condenado a ocho años de cárcel al ser hallado responsable del delito de lavado de activos.

Balvis Castro era el dueño de los canales de televisión que, entre los años 2007 y 2010 estaban a disposición del ex presidente regional César Álvarez Aguilar desde los cuales atacaba a todos aquellos que denunciaban los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública regional.

Estos canales de televisión formaban parte de toda esa maquinaria que se montó en la peor época de la historia de Áncash con la finalidad de sostener y encubrir una red de corrupción que fue perfectamente descrita en las investigaciones realizadas por el congreso de la república y el Ministerio Público.

Los magistrados concluyeron, tras finalizar el juicio oral, que Jorge Luis Balbis Castro registra un incremento patrimonial injustificado y operaciones anómalas a nivel personal y de su empresa Magestad EIRL que constituyen un desbalance patrimonial de poco más de 300 mil soles.

Además, advirtieron que las cuentas de Balbis Castro, tienen depósitos sospechosos de dinero (de origen desconocido) que se han producido entre los años 2007 y 2010, periodo en el que gobernó la Región Ancash el entonces presidente regional César Álvarez Aguilar y que ascienden a 216 mil 757 soles y 15 mil 320 dólares.

Una de las pruebas contundentes de la sentencia condenatoria, fue la pericia contable realizada por la perito adscrita al Ministerio Público, Margarita Lavandera Gonzales, quien estableció un desbalance patrimonial de más de 300 mil soles, pero a la vez, un pago sospechoso por parte de la Universidad San Pedro a Jorge Balvis Castro por la suma de 1 millón 397 mil 432 soles por la venta de Canal 25.

Justamente, la captura de Balvis ha permitido recordar que la condena que se le impuso ordenó que se remitan copias certificadas de este expediente a efectos que la fiscalía investigue los alcances de esta trasferencia de propiedad del canal a través de una operación sumamente dudosa, advirtiéndose que se hizo cuando la universidad era manejada por el ex rector José María Huamán Ruiz quien, a la sazón, se encuentra prófugo de la justicia al haber sido condenado por los malos manejos que se registraron en la casa universitaria.

Lo cierto es que Balvis Castro estuvo involucrado en todo ese aparato de corrupción que viene siendo perseguido por la justicia desde hace años y que se concentra en el denominado caso “La Centralita”, en el cual existen muchos de los personajes acusados de corrupción que se encuentran también prófugos de la justicia.

Lo que nadie parece haber reparado es que todos aquellos investigados de este proceso, y que han sido capturados por las autoridades, se encontraban ocultos en sus domicilios, tal como ha ocurrido con Jorge Balvis, en el Urbanización 21 de abril.

Es de suponer que todos aquellos que se mantienen en esa condición de prófugos de la justicia se encuentren en la misma condición, muchos no salieron de la ciudad porque no tuvieron tiempo de hacerlo y otros porque consideran que la Policía no sospecharía que se encuentren escondidos en un lugar tan evidente.

Sin embargo, siempre cometen un error, como es el caso de Balvis que salió a su ventana y se mostró cuando era objeto de seguimiento, por lo que solo esperaron que salga de manera inadvertida y lo detuvieron, como ha ocurrido con otros personajes que estaban en la misma condición.

De allí que la Policía debe retomar el seguimiento a los domicilios de los que aún se encuentran prófugos, incluso las viviendas de sus familiares que son los únicos en condición de no revelar el lugar donde se ocultan, más aún cuando se ha puesto en evidencia que este es el patrón que ha primado en la mayoría de los perseguidos por la justicia.

Seguramente que el denominado “empresario comando” no esperaba pasar la navidad tras las rejas, empero, ese es el costo y riesgo que corre tras haber decidido mantenerse en la clandestinidad luego de ser condenado, de allí que la Policía debe escudriñar en el entorno de quienes aún se mantienen el margen de la ley, hay allí un denominador común que debe llamar su atención.