Por: Víctor Andrés Ponce (*)
El 2020 será recordado como uno de los años en que se produjo una de las devastaciones más dramáticas de nuestra historia republicana. La pandemia del Covid-19, como un huracán, derribó todas nuestras certezas. No obstante que el Perú era una sociedad de ingreso medio y con enormes recursos fiscales antes de la pandemia, llegó a convertirse en el país con más muertes por Covid por millón de habitantes, y a tener una de las recesiones más graves a nivel planetario. El Estado, los políticos y la política, simplemente fueron incapaces de aprovechar toda la riqueza que producía el sector privado y que se expresaba en reducción de pobreza, recursos fiscales, reservas internacionales, y credibilidad internacional de nuestra economía y sociedad.
No obstante que, en tres décadas, el modelo posibilitó triplicar el PBI, reducir de la pobreza del 60% de la población a solo 20% y convertir al país en una sociedad de ingreso medio, la pandemia dejó en claro que no había Estado, que no había líderes políticos y que la política se había convertido en una energía autodestructiva.
Como antes de la Guerra del Pacífico, las élites y los líderes, luego de las elecciones del 2016, se embarcaron en una guerra política que inició Fuerza Popular y que el ex presidente Vizcarra llevó a niveles impensados. Esa guerra lo consumió todo y la política se redujo a estrategias de información o desinformación. El resultado: una megarrecesión sin precedentes, el mayor número de muertes por Covid por millón de habitantes y un país sin vacuna contra la pandemia en el 2021. Estos dramáticos resultados son señalados a nivel mundial. Estremecedor.
Pero eso no es todo. Luego de la vacancia del ex presidente Vizcarra, de la renuncia del ex presidente Merino y de la asunción al poder del jefe de Estado interino, Francisco Sagasti, el proceso político, en vez de embarcarse en un camino de convergencias y entendimientos, por la aterradora situación de la República, siguió en el libreto de la guerra política que, a estas alturas, solo beneficia a las corrientes comunistas y colectivistas.
La administración Sagasti asumió el discurso que demonizaba a la Policía Nacional del Perú (PNP) y pasó ilegalmente al retiro a 18 oficiales generales PNP. La autoridad del Estado democrático fue pulverizada y la policía se declaró en huelga de brazos caídos frente a algunas minorías radicalizadas que bloqueaban carreteras y ejercían violencia contra la propiedad pública y privada. Y el Frente Amplio, la minoría de las minorías en el Legislativo, ahora en la conducción de la mesa directiva del Congreso, promovió una ofensiva contra la legislación a favor de la inversión privada que fue mantenida durante dos décadas y a través de cuatro gobiernos constitucionales consecutivos.
Sin haber ganado una elección, las corrientes comunistas comenzaron a desmontar el modelo económico. La mayoría de bancadas –conformada por Acción Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, en un primer momento– cedió al chantaje de las minorías radicalizadas que exigían la derogatoria de normas pro inversión y procedieron a derogar la Ley de Promoción Agraria. Felizmente la mencionada mayoría de bancadas comienza a reaccionar y ha empezado a detener la ofensiva comunista en contra del sector privado.
Uno de los primeros elementos, entonces, del balance preliminar del año es que en medio de la destrucción institucional, política, económica y social, se produce una ofensiva comunista en contra del sector privado y determinadas instituciones, para controlarlas políticamente. En el caso de la economía existe la voluntad colectivista de liquidar la inversión privada en el campo y de establecer el control de las tasas de interés. En el caso de las instituciones, el Partido Morado parece obsesionado en controlar políticamente a la PNP e incluso tentar la posibilidad de reformas profundas en las fuerzas armadas. Estos objetivos del Congreso y del Ejecutivo de ninguna manera corresponden a un Legislativo y un Gobierno interinos. De ninguna manera. Menos todavía cuando los partidos que controlan ambas instituciones representan minorías que nunca ganaron una elección nacional.
Por todas estas consideraciones, llegar a las elecciones de abril del 2021 preservando las instituciones republicanas y la economía de mercado se convierte en una carrera cuesta arriba. Sin embargo, la mayoría de bancadas del Congreso, que empieza a detener la ofensiva colectivista contra la inversión privada, tiene la enorme responsabilidad de resistir y defender el sistema de libertades políticas y económicas hacia el 2021.
(*) Director de El Montonero
(www.elmontonero.pe)