En un hecho que bien puede servir de argumento para una película de ficción, dos personas acudieron a la oficina de un notario público de Huaraz. Uno de ellos se presentó como propietario de 900 hectáreas situadas en la zona Camino del Inca de la ciudad de Casma, las mismas que eran y continúan siendo propiedad del proyecto especial Chinecas. El otro simplemente se presentó como comprador de dichas tierras.
Lejos de exigir a los contratantes la presentación de documentos que acrediten la titularidad o por lo menos la posesión legal de las tierras, el notario de Huaraz dio por válida la palabra de ambos personajes y sin mayores trámites legalizó la “compra-venta” a través de un contrato que lleva su logotipo, firma y sello.
En ningún momento el notario se tomó la molestia de considerar que las tierras de Chinecas, igual que las de cualquier otro proyecto de irrigación nacional, tienen la condición legal de intangibles y que la única manera de acceder a ellas es a través de una subasta pública.
De ahí que tan pronto como tuvo en sus manos el contrato notarial, el nuevo “dueño” procedió a lotizar y vender las tierras a todo aquel que acudía en busca de un lote de vivienda.
Y para demostrar ante la opinión pública que todo estaba en regla y que además contaba con el respaldo de las máximas autoridades de la región, el flamante “dueño” no tuvo mejor idea que bautizar a todas las rancherías de Caminos del Inca con el ostentoso nombre de “A.H. César Álvarez Aguilar”. Con ese membrete se han extendido miles de recibos a igual número de moradores por concepto de trámite de titulación, instalación de agua, servicio de seguridad y vigilancia, etc.
Era el año 2010, año de elecciones regionales y municipales, en las cuales el entonces presidente regional César Álvarez Aguilar necesitaba asegurar su reelección a como dé lugar. Y vaya que lo consiguió. No fue ninguna coincidencia que por esos mismos días se produjera la invasión de 308 hectáreas ubicadas en la zona de Nuevo Chimbote, también de propiedad de Chinecas, las mismas que fueron bautizadas con el nombre bíblico de “Tierra Prometida”.
Pero en vista que tarde o temprano la verdad llega a descubrirse, también llegó el momento en el que las familias del “A.H. César Álvarez Aguilar” se dieron cuenta que estaban siendo estafadas. Nada de lo que les ofreció el “dueño” se estaba cumpliendo. Todo era mentira. Lo único que resultó siendo verdad fue la reelección de César Álvarez.
En razón de este cruel desengaño, las familias posesionarias acordaron suspender el pago de los recibos que más de los días llegaban a sus viviendas. La reacción del “dueño” no se hizo esperar. A través de terceras personas amenazó con desalojar a todos aquellos que se resistieran a seguir pagando los recibos.
En esta especie de tira y jala, obligó a varios grupos de familias a tomar la decisión de reemplazar el nombre de “A.H. César Álvarez Aguilar” por otras denominaciones como es el caso, por ejemplo, del A.H. Señor de Mayo. Todo estaba muy claro. El único dueño de las tierras era el Estado y la única manera de formalizar los lotes de vivienda era asumiendo ellos mismos la respectiva gestión.
Sin embargo a partir de esta decisión los moradores de estos asentamientos humanos viven un verdadero calvario. Más de los días no solo reciben insultos y amenazas de todo calibre sino también reiterados intentos de ser desalojados a la fuerza.
Uno de estos últimos altercados tuvo lugar el reciente fin de semana, en plena emergencia sanitaria, cuando un grupo de desconocidos pretendió armar nuevos ranchos en el A.H. Señor de Mayo. Pero cuando varios miembros de la Policía Nacional acudieron a calmar los ánimos, en vez de reprimir a los traficantes más bien detuvieron a los dirigentes. Al parecer, para las fuerzas del orden tiene mucho de valor el contrato firmado por el notario de Huaraz.
Lo más lamentable de todo esto es que por parte de otras autoridades de Casma no existe el menor interés en arribar a una solución que se ajuste a la Ley.
El proyecto especial Chinecas, propietario legal de las tierras, se desentendió. No sigue los pasos de otros proyectos de irrigación donde no existe una sola hectárea en poder de invasores. Y lo mismo sucede con el gobierno regional de Ancash, responsable político de la suerte de Chinecas, que prefiere actuar como Pilatos.
Debe ser esta dura realidad lo que ha llevado a los agricultores de Casma a solicitar ante el gobierno central su exclusión del proyecto Chinecas para poder emprender ellos mismos la ejecución de un proyecto de irrigación que no siga siendo un sueño sino más bien una realidad. Y lo mismo ocurre con la fiscalía provincial, que hasta este momento no denuncia a ningún traficante.
La única institución que ha mostrado interés en solucionar este problema es la Municipalidad Provincial de Casma. Se sabe que oficialmente ya ha solicitado a la Superintendencia de Bienes Nacionales el cambio de uso de estas tierras, que es el primer paso de un largo proceso que finalmente concluirá con la titulación.
Solo así los moradores de estos asentamientos humanos podrán convertirse en legítimos dueños de sus lotes de vivienda y la ciudad de Casma dejará de ser por fin el paraíso de los traficantes.