La Fiscalía Anticorrupción del Santa dispuso reprogramar para la primera semana de junio la diligencia de constatación y verificación de la obra de construcción del Coliseo Cerrado Gran Chavín, abandonada durante la gestión del ex presidente regional de Ancash, Cesar Álvarez Aguilar.
Ello en razón que la comunicación enviada por los peritos de ingeniería civil de Lima, quienes iban a participar de esta diligencia para establecer el avance físico de la obra y el presupuesto invertido hasta dejarla abandonada no llegó a tiempo.
Esta inspección se iba a realizar ayer, pero ha sido reprogramada para la primera semana de junio, para garantizar la presencia del coronel, PNP, Luís Carrasco Vergaray y a su equipo de peritos de la Dirección Anticorrupción de la Policía Nacional con sede en Lima.
Esta diligencia forma parte de la investigación preparatoria seguida contra la prófuga Paola Bermúdez Rodríguez y Juan Carlos Gallo Zegarra (exgerentes de la Subregión Pacífico); asimismo contra los representantes del consorcio Salem, Javier Pérez Claramunt y Anamelba Jacay Peña y los ex integrantes del comité de adjudicación, Enrique Godoy Palacios, William Bejarano Rivera, Edward Salgado Olivo y Cecilia del Rocío Alfaro García.
A todos ellos, se les acusa de la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Gobierno Regional de Áncash (Estado).
La construcción del coliseo cerrado de Chimbote no sólo permanece abandonada, sino que además, existe un contundente informe de Contraloría General de la República en el que se advierten una serie de irregularidades no sólo en la elaboración del expediente técnico, sino que además, la manera cómo se simuló su existencia, para lanzar la licitación amañada en favor de Consorcio SALEM.
Además, los ingenieros civiles Luis Ricardo Gómez García y Edwin Omar Vences Martínez negaron haber trabajado para Consorcio SALEM y menos haber firmado el expediente técnico ni los documentos de la ejecución de la obra “Construcción del Coliseo Cerrado de Chimbote”.
Las declaraciones de ambos ingenieros fueron recogidas el 25 de noviembre del 2014 y 9 de enero del 2015, respectivamente; negando en todos los extremos las firmas que aparecen certificando los diversos documentos del expediente técnico de dicha millonaria obra que luce hoy abandonada.
Estas irregularidades ocasionaron un perjuicio al Estado peruano de 7 millones 651 mil 36 soles, adicionales al pago total de la obra que fue de 23 millones, a pesar que su avance físico no llegó ni al 40%, además de haberse licitado sin acuerdo del Consejo Regional y sin previa opinión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Esta defraudación de 7 millones 651 mil 36 soles es la sumatoria de no haberse pagado penalidades por 3 millones 341 mil 668 soles por incumplimiento del plazo para entregar el expediente técnico y además por haber otorgado indebidamente adicionales de obra y ampliaciones de plazo que generaron un pago irregular por 4 millones 309 mil 368 soles.