Las autoridades deben adoptar acuerdos y tomar decisiones en función de las realidades y coyunturas, de ninguna manera pueden hacerlo pensando en las reacciones de la gente o para pretender quedar bien con determinado sector, es decir, apelar al populismo barato con todo el peligro que ello representa.
Esto ocurre generalmente cuando las organizaciones políticas, civiles o de cualquier otra índole, deciden presionar a los funcionarios o autoridades mediantes acciones de protestas, manifestaciones o plantones que tienen por finalidad influenciar en sus decisiones, pretender que aquel que tiene el poder de decisión decida de acuerdo a lo que pretende la turba o la portátil, tal y como procedía el ex presidente regional César Álvarez Aguilar.
Sin embargo, este escenario no se impuso ante el Consejo Regional de Ancash, órgano legislativo del gobierno regional que la semana pasada sesionó en nuestra ciudad y que tenía en su agenda el pedido de transferencia de los terrenos de propiedad del proyecto Chinecas a favor de la Superintendencia de Bienes Estatales, con el objetivo que se inicie un proceso de formalización en favor de los pobladores de asentamientos que se han formado en mérito de invasiones, quienes en el frontis demandaban se apruebe el pedido.
Se trata de las famosas 308 hectáreas que el ex presidente regional César Álvarez decidió que se entreguen a cientos de invasores cuando estaba al frente del gobierno regional y como una compensación por el apoyo y respaldo que le dieron esos pobladores en su campaña de relección el año 2010, empero, en aquel entonces colisionaron con las leyes que están vigentes y que hicieron abortar esas pretensiones.
La transferencia que en su momento se hizo al guerrazo encontró su escollo principal en la pretensión de inscribirla y registrarla cuando esos terrenos, conforme a la ley, tienen la condición de intangibles, razón por la cual todos los acuerdos que se adoptaron por entonces, tanto a nivel del consejo regional como de la Municipalidad Provincial del Santa derivaron en nulos.
Por ello es que ahora, en base a coordinaciones con las autoridades del ejecutivo, aparentemente se ha encontrado una salida para formalizar la transferencia de esos predios y ello pasa por la emisión de informes técnicos que demuestren que el proyecto irrigador no va a utilizar esos terrenos para fines agrícolas, de tal suerte que puedan ser entregados a la Superintendencia de Bienes Estatales para que esta entidad los traslade a la Municipalidad Provincial y un nuevo acuerdo del pleno del consejo municipal haría viable finalmente el cambio de uso para los fines de vivienda.
No sabemos aún si esa alternativa es una salida legal y constitucionalmente viable, empero, lo cierto es que ha dado lugar a que nuevamente la politiquería barata, esa que hace mucho daño porque se aprovecha de los recursos con fines eminentemente partidarios, trata de sacar provecho de los acuerdos y pone en serio peligro el planteamiento autorizado por las instancias del ejecutivo.
Nos estamos refiriendo al último informe proporcionado por el gerente del proyecto especial Chinecas, Javier Chiong Ampudia, quien en el marco de una ceremonia pública la semana pasada ha señalado que su institución ha aprobado la transferencia ya no las 308 hectáreas que estaba en trámite y se gestionaba para que se conviertan en predios de uso habitacional, sino que ha solicitado que se trasladen 635 hectáreas, lo que no estaba en los cálculos de nadie en Chimbote y en la Región.
El representante de Chinecas dijo en su oportunidad que en este paquete se ha considerado otras 327 hectáreas de tierras de propiedad de su entidad en la vecina provincia de Casma y que se encuentran igualmente invadidas, por lo que se ha considerado su transferencia porque las han calificado, también, como inapropiadas para el uso agroindustrial.
Ésta en realidad es una movida politiquera, responde a las intenciones del actual Gobernador Regional Waldo Ríos Salcedo de quedar bien con cientos de familia que se han apoderado de tierras en Casma y que demandan se les adjudique a cambio de apoyo y respaldo político y electoral.
Basta recordar que en esta vecina provincia se produjo un serio incidente en estos asentamientos con ocasión de la visita realizada por el gobernador regional para anunciarles que se les adjudicaría su título de propiedad y cuando los periodistas de esa localidad lo interrogaron respecto a la naturaleza de esos terrenos y la imposibilidad legal que se les adjudique a esas familias.
En esa oportunidad, el gobernador regional indispuso a los periodistas ante los pobladores y estos estuvieron a punto de lincharlos, en otras palabras, lejos de responder una pregunta pertinente Waldo Ríos lanzó a los pobladores para que agredan a los periodistas, una actitud desleal y cobarde por parte de la primera autoridad regional.
Ello quiere decir que ya para entonces el gobierno regional tenía la intención de transferir esas tierras con fines eminentemente políticos, de allí que el anuncio del gerente solo responde a esos designios electoreros del gobernador y no a un deslinde técnico que hayan realizado los funcionarios respecto a esas propiedades.
De allí que el acuerdo sancionado por el Consejo regional para que una comisión especial revise detenidamente la viabilidad de la transferencia de estos terrenos, más aun cuando existen diferencias notables en los metrajes propuestos a lo largo de estos meses, es lo más cuerdo y sensato en este momento, inclusive, se debe sustentar las razones por las cuales se pretende disponer indiscriminadamente de tierras que en el fondo tienen carácter de intangibles y no pueden transferirse alegremente a terceros.
Hay que advertir que ahora cada presidente regional pretenderá hacer uso político de las tierras de Chinecas y promover invasiones con objetivos electorales, como lo han hecho César Álvarez y ahora Waldo Ríos aprovechando que tienen el manejo de Chinecas. Esto no se puede permitir y el Consejo Regional está en la capacidad de ponerle coto a este oportunismo y clientelaje político. Si se acordó la transferencia de 308 hectáreas que no se traslade una más, no se puede avalar el saqueo de las tierras del proyecto irrigador.