Luego de presentar un certificado médico de Essalud que le otorgaba un descanso médico de 48 horas tras haber sido internado de urgencia por un problema de gastroenterocolitis, la audiencia única de proceso inmediato en contra del alcalde del distrito de La Pampa (Corongo) fue suspendida ayer y reprogramada para hoy martes a las 4.45 de la tarde.
Esta decisión la adoptó el Juez Unipersonal, David Aguilar Ponce, luego de recibir por parte del abogado José Abelardo Buiza, quien patrocina al alcalde Bernardo Campos Infante, la justificación médica por su ausencia y tras advertir que dicho documento sólo indicaba un descanso médico de 48 horas que se cumplirían los días 12 y 13 de junio.
David Aguilar Ponce, revisó minuciosamente el certificado médico emitido por Essalud que daba cuenta que el imputado Bernardo Campos Infante había ingresado por emergencia al nosocomio huaracino la noche del último domingo y atendiendo esta eventualidad, dispuso que se reprograme la audiencia única de proceso inmediato para hoy martes a las 4.45 p.m
El alcalde distrital de La Pampa, perteneciente a la provincia de Corongo, podría convertirse en el primer burgomaestre en ser condenado por la justicia en aplicación a la nueva figura de proceso inmediato, por el delito de abuso de autoridad en agravio de un grupo de trabajadores de dicha comuna.
Bernardo Campos Infante, deberá presentarse hoy a la audiencia única de juicio inmediato que se le sigue por el delito de abuso de autoridad en agravio de los trabajadores Amada Margarita Caldas Cañari, Gessenia Luna Llamozag, Jorge Francisco Mújica Salinas y Alberto Cayetano Villalva Sotomayor.
El Fiscal Mixto de Corongo, Mixzan Lenin Aranda Marcelo sustenta su acusación en la unilateral decisión del alcalde del distrito de La Pampa, Bernardo Campos Infantes en contra de un grupo de servidores de la comuna, quienes a pesar de venir laborando con contrato vigente y sin ningún tipo de inconvenientes, fueron separados de la administración pública, una vez que se aprobó la Ley Huatuco (que no reconoce estabilidad a los contratos a los que no se hayan accedido por concurso).
Los agraviados no sólo demostraron el accionar unilateral y la constatación continúa, permanente y sistemática del alcalde en su contra, sino que además, demostraron que para retirarlos de sus puestos de trabajo, no se siguió el debido procedimiento de ley y se vulneraron una serie de derechos, que fueron constatados en un acta por el representante del Ministerio Público.
El alcalde por su parte, ha negado los cargos y ha señalado que retiró a los servidores en base a diversas denuncias que realizaron vecinos de la zona por actuaciones irregularidades, todo lo cual figura en un informe legal que sustentó su decisión.