Devuelven carpeta fiscal. Una vez más, un magistrado de la Corte Superior de Justicia del Santa no inició la audiencia de control de acusación porque consideró necesario devolver la carpeta fiscal al representante del Ministerio Público para que precise y corrija la acusación formulada, bajo responsabilidad de remitir copias certificadas al órgano de control interno y solicitar a la Fiscalía Superior que cambie de magistrado investigador.
Esto es lo que ha decidido el Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, Jorge Luis Chávez Tamariz tras advertir una serie de controversias en el dictamen acusatorio formulado por la Fiscal Paola Arana Álvarez y su interconsulta Carlos Del Solar Guevara y que iban a ser oralizados en la audiencia de control de acusación, programado para el último jueves 7 de julio, en el caso de la ilícita apropiación de un inmueble de la Sub región Pacífico.
Antes de decidir la devolución de la carpeta fiscal para que precise algunos aspectos de su requerimiento y la posterior suspensión de la audiencia, el Juez Jorge Luis Chávez Tamariz declaró infundado un pedido de nulidad formulado por el abogado Jhonny Bazán Cribillero quien consideraba que no se había otorgado el plazo perentorio de 10 días hábiles que establece la norma para que las partes procesales tomen conocimiento de la acusación.
Una vez que la Fiscalía Penal Corporativa del Santa subsane y precise su requerimiento acusatorio, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el Juez Jorge Chávez Tamariz, programará la nueva fecha de la audiencia donde se hará el control formal y sustancial de la investigación y se determinará si pasa o no a juicio oral.
La Fiscalía Penal Corporativa del Santa viene formulando acusación penal en contra de dos exfuncionarios y un presunto testaferro, de pretender adueñarse de una vivienda de propiedad de la Sub Región El Pacífico, ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote; para lo cual falsificaron diversos documentos y festinaron trámites en la Municipalidad Provincial del Santa para lograr su cometido, antes que fueran descubiertos.
Se trata de Yony Rhoel Benites Saldaña, ex funcionario de la Sub Región El Pacífico e investigado por el sonado caso de la Desratización, su presunto testaferro Frank Davis Valentín Pinedo y la ex funcionaria de la Municipalidad Provincial del Santa, arquitecta Miriam Pérez Poémape.
A los dos primeros los acusó de la comisión del delito de falsificación de documentos, el primero por haberlo elaborado y el segundo por haber hecho uso del mismo, solicitando para ambos una pena privativa de la libertad de 2 años 8 meses en su contra; mientras que en el caso de la arquitecta Miriam Pérez Poémape la acusó de la comisión del delito de omisión de actos funcionales y solicitó una pena privativa de la libertad de 8 meses con 2 días.
Además, la Fiscalía ha solicitado que se les imponga una reparación civil solidaria de 10 mil soles y el pago de 180 días multas, en agravio de Gladys Taboada Castillo, la Sub región El Pacífico y la Municipalidad Provincial del Santa.
Los hechos imputados están referidos a la frustrada apropiación de la vivienda ubicada en la manzana F lote 10 del sector 5A en la Urbanización El Bosque en Nuevo Chimbote en cesión de uso en favor de la Sub Región El Pacífico que le otorgó el Banco Hipotecario en Liquidación luego de recibirlo como dación de pago por la entidad Fondeagro en Liquidación.
El imputado Frank Davis Valentín Pinedo falsificó un contrato de adjudicación de fecha 5 de abril del año 2004 en el que simulaba la compra de dicho inmueble a la señora Gladys Ismelda Taboada Castillo, en ese tiempo representante legal de Fondeagro en Liquidación. Esta última reveló a las autoridades que jamás firmó contrato alguno y menos pudo vender dicho inmueble porque en esa fecha ya no tenía dicha responsabilidad legal.
Posteriormente, con este documento ficticio (contrato de adjudicación), Frank Valentín Pinedo vendió dicho inmueble con fecha 30 de setiembre del año 2005 a Yony Rhoel Benites Saldaña, contrato que supuestamente fue legalizado en la Notaria Campos Iturrizaga. La Fiscalía ha probado que todos estos documentos fueron falsos.
Una vez que tuvo en sus manos este contrato falso, Yony Rhoel Benites Saldaña gestionó con fecha 27 de noviembre del año 2012 ante la Municipalidad Provincial del Santa el procedimiento individual de declaración de propiedad mediante regularización de tracto sucesivo ante la Sub gerencia de Desarrollo Urbano, con la finalidad de que se le inscriba ante la SUNARP como propietario del bien.
Para lograr dicho propósito contó con la participación de la arquitecta Miriam Violeta Pérez Poémape, quien se desempeñaba como Jefa de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial del Santa, la misma que dispuso (pese a las irregularidades y documentos falsos) la inscripción de la propiedad del bien inmueble a nombre del acusado Benites Saldaña, sin tener en cuenta las formalidades establecidas para dicho procedimiento con lo cual ha contribuido en forma activa a fin de que pueda lograrse dicha inscripción, dice la acusación fiscal.