La presunta sobre valorización y deficientes trabajos de reparación y mantenimiento de tres ascensores del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” denunciados en el año 2013, pasaron a la etapa de investigación preparatoria por el plazo de 8 meses, según lo dispuso la Fiscal Anticorrupción responsable del caso, Albertina Zamora Montoya.
Según disposición Nº 2 de fecha 14 de mayo y notificada en último fin de semana a las partes procesales, se ha decidido formalizar y continuar investigación preparatoria en contra del exdirector de dicho nosocomio, Carlos Enrique Fernández Neyra y un grupo de exfuncionarios del Hospital así como los empresarios Abelardo Miguel Torres Espinoza y Pedro Lozano Domínguez, dueños de la empresa Ascensores TEI S.A por la presunta comisión del delito de colusión.
Los otros funcionarios del Hospital Regional investigados son el exjefe de administración, Juan Manuel Cherre Corzo; el exjefe de la unidad de logística, Santos José Castro Huertas; el ex jefe de mantenimiento y transportes y expresidente del comité especial de adjudicaciones, Dernando Juan Nolasco Aguirre; el ex integrante del comité de adjudicaciones, Ysidro Celso Cerquera Arroyo, el ex jefe de mantenimiento, Paul Flores Gutiérrez y el ex jefe de servicios generales, Edmer Obdulio Silva Támara.
Para la Fiscalía, la licitación pública Nº 1- 2008 “Servicio de Modernización de tres ascensores del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón” por 354 mil soles que ganó la empresa Ascensores TEI S.A estuvo sobrevalorado y no cumplió con las exigencias técnicas que demandaba el expediente de contratación.
“Se imputa a los investigados haberse concertado para defraudar al Estado, estableciendo un valor referencial (354 mil soles) sin haber previamente realizado un adecuado estudio de mercado” señala la disposición fiscal que además advierte que en las investigaciones preliminares se ha determinado que del precio referencial se incrementó por orden superior.
Además se adjuntan como elementos de convicción, el informe Nº 320- 2012 del MINSA que tras la revisión de los trabajos concluyó que la empresa no cumplió con el rebobinado eléctrico del motor; pero además, el acta de verificación levantada por el jefe del órgano de control institucional, quien advirtió que no se habían colocado pisos acordé a lo contratado, es decir, de alto tránsito- monta camillas, debido a que luego de ocho meses de haberse otorgado la buena pro, los mismos se encontraban deteriorados (rotos y cuarteados).
La Fiscalía ha dispuesto una serie de actos de investigación que deberán cumplirse en el plazo de ocho meses, antes de emitir pronunciamiento sobre si acusa o no a los imputados.