Adelantan los plazos. La audiencia de control de acusación del caso “Zaikafer” (fotopapeletas en la Municipalidad Provincial del Santa) que se había reprogramado para el lunes 1 de agosto, finalmente se adelantó para el martes 19 de julio a las 8.10 de la mañana, según lo dispuso la Jueza Susana Quispe Trujillo, responsable del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Justicia del Santa.
Este adelanto de fecha, busca frenar la dilación de esta etapa de control de acusación (se ha postergado más de tres veces y fue formulada el pasado mes de noviembre del año 2014) bajo el argumento de la ausencia de abogados, razón por la cual, la propia magistrada ha determinado que aún cuando renuncien al patrocinio, los letrados están obligados a concurrir para poner en conocimiento de esta situación al Juzgado y evitar la indefensión del imputado.
La Fiscalía Anticorrupción del Santa investigó al ex- Alcalde, Luis Arroyo Rojas, ocho regidores, una ex- funcionaria y a la dueña de la empresa de fotopapeletas Zaikafer por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio del Estado y de la propia comuna provincial del Santa.
Tras concluir la investigación preparatoria, la Fiscalía solicitó cuatro años y diez meses de pena privativa de la libertad efectiva en contra de ocho de los imputados, por su condición de co-autores; además, solicitó tres años de pena privativa de la libertad a uno de los imputados que tienen responsabilidad restringida (menor de 21 años) y cuatro años y ocho meses de pena de prisión efectiva para una cómplice primaria.
Los ocho imputados con una propuesta de 4 años y 10 meses de pena privativa de la libertad efectiva son el ex- alcalde Luis Arroyo Rojas; los regidores Alberto Enriquez Namay (ex alcalde provisional), Uldarico Víctor Llanos Muñoz, Oswaldo Víctor Ávalos Angulo, Henry Alberto Torres Romero, Norberto Wilfredo Aguilar Carranza, Carlos Lynch Rojas y Katherine Aurora Moreno Alzamora.
La misma pena se ha solicitado para la ex- funcionaria Jefa de Rentas, Carmen Zenaida Villanueva Costa y en cuanto a la exregidora Adela Minerva Vásquez Córdova, menor de 21 años al momento de cometerse el delito, se le solicitó 3 años de pena privativa de la libertad efectiva.
Para la representante legal de Zaikafer, en calidad de cómplice primario, se le ha solicitado una pena de 4 años y 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva. Quedaron fuera de la acusación, la exsecretaria general Liz Muñoz Beteta (actual Jueza de Casma) a quien se le solicitó el sobreseimiento (archivo) de la causa y el exregidor Gilberto Arellano Castillejo, por fallecimiento.
La acusación fiscal señala que el ex- alcalde, los exregidores y la ex- funcionaria se coludieron con la representante de la empresa Zaikafer para favorecerla con la contratación ilegal del servicio de fotopapeletas, sin realizar alguna licitación pública, sino únicamente con el acuerdo de concejo de fecha 30 de marzo del año 2012.