Algo tienen que hacer o decir las autoridades educativas en relación al preocupante incremento de casos de docentes denunciados y encarcelados por ultrajar sexualmente a sus propias alumnas menores de edad, inclusive, ante el repulsivo escenario ese en el que tratan de esgrimir coartadas deleznables como la supuesta relación sentimental.
Ello porque en el lapso de dos semanas se han sumado tres nuevos casos a la larga lista de docentes que han pateado el tablero de su actividad de instrucción y cultivo de valores en beneficio de sus educandos, para pasarse al lado del abusador y del delincuente que se aprovecha de la inocencia de su víctima.
El primero de estos casos fue protagonizado por el docente Valentín Cisneros Carmen, quien abusó de su alumna de apenas 14 años de edad cuando dictaba clases en el Colegio “San José” del centro de la ciudad, hecho que se descubrió cuando los padres de la menor fueron alertados de la presencia del sujeto en el interior de su domicilio y pudieron obtener la revelación de su menor hija.
El docente se había aprovechado de la alumna en ocasiones anteriores y pretendió justificar el ultraje señalando que las relaciones íntimas se mantuvieron de mutuo acuerdo, con el consentimiento de la menor, sin embargo, ese no fue pretexto para que el Poder judicial lo envíe 9 meses de prisión a la espera de su condena, pues las menores no pueden prestar consentimiento en una relación de pareja.
Este caso generó polémica en la medida que cuando se dilucidaba la suerte del docente en los juzgados, un conjunto de personas, entre los que se encontraban padres de familia y otros colegas realizaba una singular protesta demandando que lo dejen en libertad alegando que la menor había permitido que el docente la someta sexualmente porque eran enamorados, algo tan repudiable como descabelladlo que llamó la atención que fuera expuesto por mujeres y madres de familia.
El segundo caso fue protagonizado por el docente Pedro Sánchez Farfán del Colegio “Virgen de Guadalupe”, quien ha sido encarcelado luego de confirmarse que ultrajó a una alumna de 16 años desde que aquella tenía 14 años y tras llevarla constantemente a su domicilio bajo el pretexto de la necesidad de darle clases de recuperación.
Lo grave y delicado de este hecho radica en que el docente enseña el curso de religión, es decir, quien debe promover la divulgación de la palabra de dios y, fundamentalmente, promover los valores de la vida, el respeto, la solidaridad, el amor al prójimo, se convirtió en un delincuente sexual que vio en su alumna su presa preferida.
Como ocurrió en el caso anterior, el docente esgrimió la repugnante coartada aquella del enamoramiento y el consentimiento de la menor, lo cual no fue solo desmentido por la victima sino que ha quedado completamente descartado porque la ley no consiente la voluntad de una menor en una relación sexual y esto lo sabe hasta el más despistado.
Finalmente, la información llegó desde Huarmey, en donde una madre de familia demanda el encarcelamiento del docente Juan Jesús Miranda Chávez, quien es acusado de efectuar tocamientos indebidos a su mejor hija de solo 10 años de edad.
Esto habría ocurrido en el hotel de propiedad del denunciado, en donde la madre prestaba servicios y puso al descubierto los hechos cuando la menor entre lágrimas le pedía no volver a ese establecimiento, confesándole la manera como abusaron de ella.
Lo censurable es que, a pesar de la gravísima denuncia, la Policía ni la fiscalía de Huarmey ponen el suficiente celo y el interés para concluir la investigación a pesar que el informe psicológico evacuado con el análisis en cámara Geseel ha podido establecer que la menor no solo no está mintiendo sino que ha proporcionado detalles sorprendentes y abominables sobre los momentos que le tocó soportar.
No puede ser una mera coincidencias los sucesivos casos de docentes involucrados en estos asquerosos temas de abuso sexual, peor aun cuando los propios denunciados han admitido los hechos y tratan de justificarlos bajo figuras de consentimiento que no existen cuando se trata de menores de edad, de allí que se tiene que hacer algo para impedir que estos casos proliferen.
Las autoridades deberían exigir que se realicen evaluaciones psicológicas a los docentes que acceden al dictado de clases en las aulas de los colegas sean estatales o particulares, se tiene que tener sumo cuidado en la selección de la plana docente y se debe exigir las evaluaciones psicológicas para que se conozca el verdadero perfil de quien es depositario de la confianza para quedar a cargo de escolares menores de edad. Estamos ante una coyuntura bastante delicada, es momento de adoptar correctivos y por lo menos de expresar públicamente sui rechazo a los mismos. Es lo menos que puede hacer una UGEL.
ABUSO DE PODER
El Consejo Regional de Áncash ha vacado hace más de 10 meses al consejero regional que representa a la provincia de Huaraz, Ángel Durán León, y, posteriormente el pasado mes de junio el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado improcedente su recurso de apelación, sin embargo, el aludido sigue ejerciendo el cargo sin que nadie lo retire atendiendo a que la medida ha quedado firme y ejecutoriada.
En efecto, si la máxima instancia electoral ha dejado sin efecto la apelación que presentó el consejero de marras para tratar de desvirtuar el acuerdo del consejo regional que lo deja fuera del cargo, no se entiende cuáles son las razones por las que no se ejecuta esta decisión del pleno de la región.
Por el contrario, Ángel Durán no solo sigue participando de las sesiones que realiza el consejo regional sino que sigue cobrando las dietas como si aún formara parte del aparato regional cuando se supone que la vacancia es un acuerdo que se ejecuta de inmediato.
Se dice que el gobierno regional se encuentra atado de pies y manos porque es el Jurado Nacional de Elecciones quien debe expedir una resolución aprobando el acuerdo del consejo regional y llamando a la consejera accesitaria para que asuma ese cargo.
No lo ha hecho y nadie mueve un dedo para que esta vacancia se haga respetar, pues en 10 meses no se ha hecho absolutamente nada, más aun cuando el máximo organismo de justicia electoral ya dejó sin efecto la apelación que ha formulado el afectado, no existe razón alguna para que se siga permitiendo que el vacado ejerza el cargo, esta incertidumbre solo genera un abuso de poder que debe detenerse lo más pronto posible. Esperemos que tanto la región como el JNE pongan las cosas en su lugar.