Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló este lunes que el Ejecutivo debe tomar acciones concretas para retomar el control de la situación en Áncash, donde la minera Antamina suspendió sus operaciones a causa de un paro de comuneros en el distrito de Aquia.
En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, De la Flor manifestó que la suspensión de operaciones de Antamina afecta a la inversión privada en el país y especialmente a la población ancashina por el canon minero. Además, señaló que se debe proteger a los trabajadores que ven afectados sus derechos con la paralización.
“Esto tiene efectos adversos que van más allá de lo estrictamente referido a la minería porque lo que hace es erosionar la confianza de los inversionistas y no abona en favor de este tipo de ambiente que necesitamos para promover la inversión tan necesaria para la reactivación económica del país”, dijo.
“Necesitamos acciones concretas del Estado para restituir el imperio de la ley y asegurar el respeto al Estado de derecho, porque aquí se está vulnerando el derecho de los trabajadores. Además de proveedores locales y la propia población de Áncash, que evidentemente se va a ver vulnerada por no recibir las transferencias del canon que se suspende como consecuencia de la paralización de Antamina”, añadió.
Sobre protestas
El representante de la SNMPE sostuvo también que la protesta no tiene asidero legal y que solo se trata de un grupo mínimo de pobladores de Áncash. Además, indicó que estas personas buscan chantajear a la compañía y que esta situación se dio luego de que eligieran un nuevo liderazgo.
“Ellos reclaman usurpación de terrenos y Antamina legalmente adquirió esos terrenos hace 20 años. La empresa no ha tenido ningún problema con la comunidad y todo esto comienza con la elección de un nuevo liderazgo radicalizado, que básicamente está pretendiendo chantajear a la empresa con un bloqueo que ya vemos las consecuencias tan nefastas para el país y para la región Áncash en particular, que depende el 50% de su economía del canon minero”, señaló.
En ese sentido, manifestó que el Ejecutivo debe adoptar medidas claras para actuar ante estas situaciones, que consideró ahuyentan a la inversión privada. Para eso, dijo que se debe priorizar la prevención y buscar generar más diálogo entre las partes.
Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló este lunes que el Ejecutivo debe tomar acciones concretas para retomar el control de la situación en Áncash, donde la minera Antamina suspendió sus operaciones a causa de un paro de comuneros en el distrito de Aquia.
20 AÑOS DE TOLERANCIA
La Comunidad Campesina de Aquia emitió un nuevo comunicado precisando que no son antimineros y abogan por una reunión multisectorial de alto nivel.
En comunicado publicado en su página oficial de una red social manifiestan que vienen gestionando la instalación de una mesa de diálogo de alto nivel en su propia localidad para lo cual se han dirigido a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología para que puedan tener una participación de cinco minutos en el pleno programado para el 03 de noviembre.
Asimismo, señalan que el fin de semana comunicaron al MINEM su interés para que se gestione una mesa de diálogo de alto nivel, multisectorial y pública en su propia localidad para que la población tenga acceso a los acuerdos que se adopten, comprometiendo además al Ministerio de Cultura para que pueda pronunciarse también sobre la finalización de la licencia social de la Compañía Minera Antamina.
Agregan que su pueblo es pacífico y dialogante, que no es antiminera y es respetuosa de la inversión privada refiriendo que en su jurisdicción por ello hay 10 proyectos y expresan su solidaridad con los trabajadores de Antamina por el anuncio de la paralización de las actividades de la referida empresa.
Insisten igualmente en que la minera transparente los vínculos legales que los une con la comunidad desde hace más de veinte años por el uso de más de 50 kilómetros de su territorio y el cumplimiento de los compromisos que asumieron.
Mientras se aguarda que las instancias del Estado programen la instalación de la mesa de diálogo se mantiene el bloqueo de la vía y los pasajeros que se trasladan a Huallanca y otros lugares tienen que tomar la vía alterna por Chiquián