Tras soportar una semana de bloqueo de carreteras y algunas manifestaciones de violencia, la compañía minera Antamina, actualmente la mayor productora de cobre del Perú, ha decidido paralizar sus actividades hasta nuevo aviso por considerar que “la seguridad, la vida y la salud de todos, sin excepción, es lo más importante” conforme lo ha dado a conocer en un comunicado.
En otro párrafo del documento, la empresa minera deja constancia que su intención es darle al gobierno la tranquilidad para que pueda poner orden y de esa manera restablecer el camino del diálogo y el desarrollo “sin presiones ni violencia”. Con lo que queda claro que la solución del problema está y seguirá estando en manos del gobierno.
No deja de llamar la atención que esta nueva escalada de protestas antimineras haya coincidido con la realización del fórum “Desarrollo Territorial y Minería de Ancash” donde los expositores, valga la redundancia, también han coincidido en señalar aspectos que era necesario decirlo en voz alta.
Tal como lo hemos comentado hace unos días, uno de estos aspectos se refiere a que en los últimos cinco años (2015-2020) Ancash ha dejado de utilizar 1,387 millones de soles del canon minero, los mismos que estaban destinados para la ejecución de proyectos relacionados con la salud, la educación y el bienestar social de las localidades.
Lamentablemente esa cuantiosa suma ha revertido al estado debido a la incapacidad tanto del gobierno regional como de las municipales provinciales y distritales en la elaboración y gestión de los respectivos proyectos de inversión. Como bien lo ha hecho saber uno de los expositores del fórum, el ex ministro de economía David Tuesta, con esa enorme suma de dinero la región Ancash se ha podido beneficiar con el asfaltado de 418 kilómetros de carretera, lo mismo que con la construcción de por lo menos 277 centros de salud de primer nivel y 7 hospitales de segundo nivel. Algo que la población ancashina necesita con suma urgencia.
Otra de las revelaciones que ha permitido conocer el fórum es que gracias a la actividad minera entre los años 2010 y 2020, Ancash se ha beneficiado con el incremento de 6,000 á 15,000 puestos de trabajo directo mientras que el empleo indirecto favorece a por lo menos 120 mil jefes de familia. Estas cifras conllevan a estimar que más de medio millón de personas de todas las edades, la población regional, dependen de la minería.
Por si fuera poco, entre los años 2004 y 2019 gracias a la minería la pobreza en Ancash se ha reducido del 62 al 18 por ciento, De no haber sido por eso, el índice sería actualmente del orden del 43%.
Pero tal como están sucediendo las cosas, podría pensarse que existen personas a quienes no les interesa o no les conviene que estas cifras sean de conocimiento público. Para esas personas la minería no sirve para nada.
Como se sabe, las protestas antimineras tienen como protagonistas a las comunidades campesinas de la provincia de Huari, que es la que más dinero recibe por concepto de canon, lo mismo que de la provincia de Bolognesi. En ambos casos, el argumento de las protestas es el mismo: no a la actividad minera. Mayores explicaciones no las hay.
Lo único que queda claro es que detrás de estas protestas se advierte de lejos la presencia de los activistas que aparecen en cada manifestación de este tipo que se realiza en otros centros mineros del país. Se trata de los mismos rostros, las mismas arengas violentistas y, como podía faltar, el mismo afán de chantaje como quedó al descubierto en el caso de Las Bambas.
Por cada 24 horas de paralización, la empresa minera, el estado y los beneficiarios del canon dejan de recibir 14 millones de dólares ¿es así cómo se pretende reactivar la economía del país y terminar con la pobreza?