Aunque haciendo uso de la sátira, hace ya cien años el gran Abraham Valdelomar lo dijo en forma contundente: para ciertos políticos y gobernantes, Lima es el Perú. La idea y los efectos del régimen centralista se encuentran tan compenetrados en la mente de todos los peruanos, que sin Lima supuestamente no somos nada.
Sin embargo ha sido precisamente por culpa del centralismo que el Perú ha llegado a la situación en la que se encuentra. A pesar de más de treinta de estar experimentando el proceso de regionalización, que en el fondo no es más que la continuación de la antigua departamentalización, el desequilibrio que existe entre la capital de la república y el resto del país, continúa siendo sinónimo de privilegios e injusticias.
De ahí que, para las regiones y para las provincias, Lima es una ciudad no solamente adversaria sino también privilegiada. Y así parece ratificarlo la promulgación del Secreto Supremo N°191-2021 que dispone el apoyo del personal de las fuerzas armadas a la labor de seguridad interna que cumple la Policía Nacional, pero solamente en el ámbito de las provincias de Lima y Callao más no en el resto del país.
Por irónico que parezca, el dispositivo lleva la firma del saliente ministro del Interior Luis Barranzuela y del presidente Pedro Castillo, ambos más provincianos que la papaseca, y que han accedido al poder justamente enarbolando la bandera de la igualdad y reivindicación de todos los peruanos.
Olímpicamente el mencionado decreto supremo le saca la vuelta a este enunciado y al mismo principio de integración nacional. Si bien es cierto que los índices de inseguridad y delincuencia alcanzan su mayor expresión en Lima y Callao, también es cierto que la misma peligrosidad, en igual o menor proporción, la viven y enfrentan a diario las regiones y provincias del interior.
Por consiguiente, nada podría ser más temerario en este momento que cerrar los ojos ante esta realidad. La escalada de movimientos antimineros que sacude el interior del país y que amenaza con extenderse de uno a otro extremo, es un llamado a poner ojos y oídos en el Perú profundo. En ese sentido tampoco se puede ignorar el repentino repotenciamiento que viene experimentando el narcotráfico en las zonas cocaleras hartamente conocidas, situación que también reclama una acción más amplia y decidida. Por lo mismo que estos hechos ya no responden a una coyuntura sino a un mal endémico y pernicioso, las acciones de vigilancia y prevención tienen que emprenderse en forma debidamente articulada entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Claro está que la Policía Nacional es responsable del orden interno y la seguridad ciudadana, pero cuando su capacidad de respuesta es superada, ahí están las fuerzas armadas para brindar su apoyo. La lucha contra estas lacras, incluyendo la delincuencia común y organizada, es una guerra que no excluye la participación de ninguna de las instituciones del estado.
Cabe recordar por eso que la presencia de las fuerzas armadas en el interior del país data de muchos años atrás y está firmemente consolidada a través de las regiones militares, lo que permite que este apoyo no tenga el menor inconveniente. Así lo hemos visto durante los días más críticos de la pandemia.
Por lo tanto, creemos que la acción conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no tiene porqué ser coyuntural ni excluyente. No solamente Lima es el Perú.