El Decano del Colegio Médico de la zona costa de Ancash y el Presidente del Cuerpo Médico del hospital La Caleta han denunciado la semana pasada la intromisión de elementos políticos que están amenazando al director del mencionado nosocomio con la finalidad de obtener ventajas económicas mediante mecanismos delincuenciales.
Los doctores Guillermo Barrantes Reyes y Edgar Tufinio Noriega, no han podido callar las graves connotaciones que tienen las amenazas que ha recibido el Director del Hospital de los Pobres, Dr. Antonio Solórzano Pérez, por parte de sujetos que se identifican como miembros de la agrupación política del gobernador regional Waldo Ríos Salcedo, quienes llegaron hasta su oficina para exigirle que les adjudique los contratos de obra que debe extender en las próximas obras de mejoras que deben iniciarse.
Las amenazas de estos sujetos tiene connotaciones politiqueras pues utilizan la presunta complicidad en todo esto nada menos que de los altos funcionarios de la Dirección Regional de Salud y de la propia Gobernación Regional, en la medida que condicionan esta exigencia a la permanencia del Director en el cargo.
“Nos adjudicas las obras que se realizarán o te sacamos del cargo” es la advertencia cobarde que le hicieron llegar al Director del hospital La Caleta, dejando entrever que de por medio existen intereses de tipo político pues el nosocomio, en efecto, se encuentra en gestiones para realizar una serie de mejoras debido a la precariedad en la que se encuentra, de lo que se colige que esta suerte de extorsionadores conocen los manejos internos de la institución.
Los gremios médicos han sido los primeros en reaccionar frente a esta oprobiosa manera de amenazar al director de una institución de salud, han rechazado esta suerte de intromisión de los “waldistas” que pretenden imponerse bajo el mismo molde y estilo de “los comandos”, de los siniestros personajes de la época de la red de corrupción que merodeaban por todas las entidades regionales en nombre del entonces presidente regional para exigir toda clase de demandas, sea por cupos de trabajo, por compras o servicios.
Lamentablemente, los médicos han señalado a la prensa que no están en condiciones de poder revelar la identidad del sujeto que llegó al despacho del Director para hablar en nombre de la agrupación política del gobernador regional Waldo Ríos y amenazarlo con retirarlo del cargo en tanto que no acceda a sus requerimientos que tienen un trasfondo netamente lucrativo, que busca que acaparar la compra o servicios de la entidad para sobrevalorarlos o para llenarse los bolsillos a través de la ejecución de trabajos de muy baja calidad, allí está el negocio.
Para infortunio de los chimbotanos es muy poco o nada lo que ha cambiado en el Gobierno Regional en comparación a lo que ocurría con el ex presidente regional César Álvarez, no solo las poses de autoridad arrebatada del gobernador Waldo Ríos que suele amenazar e insultar a la prensa, sino estas acciones dolosas de amedrentamientos de los titulares de las reparticiones para exigir beneficios bajo pena de sacarlos del cargo.
Justamente, los dirigentes de los gremios médicos han señalado que lo mismo estuvieron haciendo en el hospital Regional y hoy por hoy vemos que el Director César Acevedo Arellano ha debido dejar el cargo apenas 11 meses después de haberlo asumido a pesar que estuvo llevando a cabo una gestión eficiente y con resultados bastante positivos en comparación a gestiones anteriores.
En otras palabras, no existe razón alguna para que lo hayan removido del cargo, empero, ahora se sabe que aquellos funcionarios que no se someten a los dictados e intereses de los miembros del oficialismo regional quedan de lado, reciben estas mismas amenazas que ha recibido el Dr. Antonio Solórzano en el hospital La Caleta.
Cierto es que el saliente director del hospital Regional no ha denunciado o revelado la existencia de alguna advertencia o amenaza en su contra, por el contrario ha expresado su público agradecimiento al gobernador regional por haberle dado la oportunidad de darle algo a su institución, demostrando ser un caballero en todo el sentido de la palabra, empero, es evidente que decidió no aceptar presiones de tipo político y quedar sujeto al cambio que pueda disponerse desde la superioridad.
Recordemos que el Presidente del Cuerpo Médico del hospital Regional calificó como “cobarde” al gobernador regional Waldo Ríos Salcedo por haber removido de manera sorpresiva al ex Director César Acevedo sin que le haya comunicado esta decisión, más aun cuando el galeno estuvo con él en la ciudad de Huaraz en la víspera y nunca le dijo que había firmado su resolución de cese, lo que dice a las claras que cuando se habla del gobernador se describe a una persona con dos caras, con doble discurso.
Todo esto podría explicar lo que viene ocurriendo con la gestión de Waldo Ríos Salcedo, en donde los titulares de las reparticiones no duran más de 10 meses o un año en el cargo, por el contrario, se han dado casos que los cargos se suceden apenas a los tres o cuatro meses y el récord de inestabilidad se ha dado recientemente en Chinecas en donde el último gerente designado por Waldo Ríos solo ha durado dos días en el cargo, de inmediato presentó su renuncia y todo ello indica que obedece al hecho de haber encontrado una lamentable realidad en la institución.
Por ello no extraña que ahora se presenten esta clase de denuncias públicas por parte de los gremios médicos, más aun cuando la voracidad política ya no distingue la reputación de las entidades regionales a las cuales les ponen la puntería, antes se respetaba la calidad de los servicios sociales de una entidad de salud, empero, desde hace un buen tiempo ya los hospitales han pasado a constituir un buen motivo para un botín político.
Esperemos que los dirigentes médicos y el propio Director del hospital La Caleta se armen de valor y señalen con pelos y señales quienes son estos mafiosos que están presionándolo para que les adjudique obras bajo amenaza de sacarlo del cargo, una advertencia de este tipo no solo es una afrenta a los sagrados intereses de los ancashinos, es también un acto delincuencial que debe ser denunciado e investigado por el Ministerio Público. No dejemos que esta lacra siga haciendo lo que se le viene en gana amparados únicamente en sus deleznables vínculos políticos.