Hace unos días, la madre de familia que hace las veces de cocinera en un comedor popular del distrito de Pallasca, con toda la experiencia y buen olfato que tiene en estos menesteres, advirtió que algunas latas de conservas de pescado, de las son adquiridas por la municipalidad, despedían mal olor y presentaban una capa de hongos en su interior.
Como era su deber, inmediatamente la madre de familia dio cuenta de lo sucedido al gobernador del distrito. Este por su parte hizo lo propio ante el alcalde de la ciudad por ser la autoridad responsable de administrar dicho programa de ayuda social. Pero, lejos de tomar cartas en el asunto y reclamar al proveedor por el deficiente producto, hasta hoy el señor alcalde no dice una sola palabra. Ahora entendemos porque, como solían decir nuestras abuelas, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado.
Actitudes como ésta no son ninguna novedad. Ocurren a vista y paciencia de todo el mundo en la mayoría de programas sociales que lleva a cabo el gobierno central. Por comprensibles razones de operatividad y logística, el gobierno central ha suscrito convenios con las municipalidades provinciales y distritales de todo el país para que sean éstas quienes se encarguen de adquirir, almacenar y distribuir los alimentos.
Uno de los casos más recientes, pero también más sonados, ocurrió bajo esta misma modalidad durante los primeros días de la pandemia. El gobierno central envió el dinero para que las municipalidades adquieran y entreguen canastas de víveres a familias de escasos recursos económicos debidamente empadronadas. En todo el país, las familias que recibieron estas canastas denunciaron la entrega de conserva, arroz y otros productos alimenticios con hongos y con la fecha de vencimiento adulterada.
Repetimos, esto no es ninguna novedad. Ya se ha hecho costumbre que las municipalidades adquieran estos productos, pero no lo hacen en los grandes almacenes y menos directamente ante los productores. No, porque en este caso el vendedor no solamente entrega un producto de buena calidad sino también a precio de mercado, sin “arreglo” de por medio.
Casi sin excepción, todas las municipalidades prefieren realizar estas compras a través de intermediarios que ni siquiera acreditan tener local comercial. Y lo hacen sabiendo perfectamente que estos intermediarios entregan productos de dudosa calidad, sin fecha de vencimiento, a precios muy por encima del mercado y, lo que es más importante, aceptan “inflar” la factura al precio que mejor convenga tanto al comprador como al vendedor.
En estos casos lo único que importa es conjugar el verbo ganar. La calidad del producto y el impacto que éste puede tener en la salud de las familias beneficiarias, es lo que menos interesa. Numerosas intoxicaciones masivas que han sufrido niños y adultos después de consumir estos productos, dan fe de lo que estamos mencionando.
Como corolario de esta predilección adquisitiva por parte de las municipalidades y otros organismos estatales, el mercado negro de conservas de pescado seguirá siendo un negocio redondo. Más de las veces, a este mercado van a parar los stocks de conserva que no han logrado pasar la valla del control de calidad y que deberían ser incinerados. A los cuales se añade la producción informal que resulta del abuso de la maquila y aquella que ingresa clandestinamente desde el exterior, a la que se coloca la etiqueta y fecha de vencimiento que mejor convenga
Pero mientras exista la demanda por parte de las municipalidades, el mercado negro de conservas de pescado seguirá viento en popa.