Por: Víctor Andrés Ponce (*)
La administración Castillo ha logrado lo que parecía imposible: detener tres décadas de crecimiento y de reducción de pobreza. En el Perú de los últimos años las crisis políticas iban por un lado y el crecimiento económico por otro diferente. Con el actual Gobierno, los anuncios de la asamblea constituyente y las nacionalizaciones del gas y los recursos naturales han posibilitado que a la crisis institucional y política se sume el desmadre económico.
La inversión privada se desplomará en el 2022 y los niveles de crecimiento no permitirán reducir la pobreza. En este contexto, todas las fuerzas que pretenden salvar la Constitución y las libertades económicas deben apostar a salvar la minería y las agroexportaciones, dos actividades gravemente amenazadas por los anuncios del Ejecutivo. Con una economía destruida, la propuesta de la constituyente podría legitimarse.
La paralización de más de dos semanas de Las Bambas, porque una minoría radicalizada en Chumbivilcas (en el Cusco) bloquea las vías con demandas absurdas, es una clara expresión de que el Ejecutivo ha renunciado a imponer la Constitución y las leyes en las zonas mineras. Las minorías radicales entonces tienen carta blanca para arrasar con el Estado de derecho.
Las Bambas –uno de los diez megaproyectos de cobre del mundo– suma más de 400 días de paralizaciones desde la construcción de la mina, y en vez de producir 450,000 toneladas métricas de cobre (TMC) anuales, como se proyectaba, ahora solo exporta menos de 300,000 TMC. Un verdadero crimen social contra el crecimiento y los pobres, cuando los precios de los minerales –sobre todo el cobre– alcanzan niveles altos históricos.
Los economistas señalan que si el Perú ejecutase su cartera de proyectos mineros estaría creciendo sobre el 6% y, en muy pocos años, estaría en condiciones de reducir la pobreza debajo del 15% de la población (hoy en 25%). Por todas estas consideraciones es inaceptable que el Ejecutivo renuncie a concretar el proyecto Tía María de cobre en Arequipa (no existe un solo argumento razonable para aplazar la inversión) y que no se haga nada para relanzar las inversiones en el cinturón de cobre del norte (Conga, Galeno, La Granja, Michiquillay, entre otros).
Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debería retirar su propuesta de reforma tributaria, que pretende incrementar impuestos a la minería restándole competitividad: el sector soporta una carga tributaria superior al 47%, mayor que en Canadá, Australia y Chile, países con los que competimos para captar inversiones mineras.
De otro lado, el Perú necesita relanzar las agroexportaciones, gravemente amenazadas por el clima tóxico que promueve el Ejecutivo contra las inversiones y el anuncio de la segunda reforma agraria sin agroexportaciones. Como todos sabemos solo en el 5% de las tierras agrícolas –el 95% es conducida por 2.2 millones de minifundistas– la agroexportación ha producido un milagro que sorprende al mundo: en dos décadas las agroexportaciones se incrementaron de US$ 850 millones a más de US$ 7,500 millones, se concretaron inversiones de más de US$ 20,000 millones, se formalizó más de un millón de empleos y en las regiones agroexportadoras la pobreza descendió debajo de la media nacional.
Relanzar las agroexportaciones en el Perú, entonces, no solo es salvar el sector sino transformar a todo el agro nacional. A estas alturas es impensable que los más de 2.2 millones de minifundistas logren salir de la pobreza sin el beneficio de los 22 tratados de libre comercio que han organizado un mercado de más de 6,000 millones de consumidores para más de 600 variedades de frutas y hortalizas nacionales.
Por todas estas consideraciones, el Congreso debe restablecer la plena vigencia de la ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), absurdamente derogada, e incorporar más de 400,000 nuevas hectáreas –sobre la base de 9 proyectos hídricos– a las 250,000 actuales, sobre las cuales se ha desarrollado el milagro agroexportador.
Salvar la minería y las agroexportaciones es salvar la economía y defender la Constitución y las libertades. Si aumenta la pobreza se puede legitimar la propuesta de la constituyente. No lo olvidemos.
(*) Director de El Montonero
(www.elmontonero.pe)