Semidesnudos y encadenados aparecieron un grupo de asociados de la empresa de transportes 42A en la puerta del Ministerio Público, rechazando la decisión injusta que habría tomado el fiscal penal Guillermo Ferro Ramírez al pedir sólo comparecencia restringida para su gerente Segundo Pastor Zavala Cottos, cuando le corresponde prisión preventiva por haber incurrido en delito de extorsión en agravio de su misma entidad.
Para los protestantes, el fiscal habría favorecido al gerente, pues, existen las pruebas suficientes que lo comprometen seriamente al gerente de la empresa de transportes, sin embargo, sólo se le pidió comparecencia.
“Esta es una forma de llamar la atención, ojalá seamos escuchados, queremos justicia, estamos indignados, están todas las pruebas yo no sé qué quiere el fiscal, no entendemos por qué ha favorecido al gerente de la empresa si hay pruebas que lo comprometen seriamente” señaló Reynaldo Justo Sánchez.
Cabe indicar que este favorecimiento se viene dando desde un principio, cuando el mismo fiscal Ferro ordenó el archivo de las denuncias contra Zavala Cottos, sin embargo, fue la fiscal Superior Carmen Trujillo quien ordenó que se investigue este caso por el presunto delito de extorsión.
El transportista mencionó que tras una queja la fiscal superior Carmen Trujillo ordenó el 4 de mayo pasado que se investigue al gerente de la empresa 42A por el presunto delito de extorsión, debido a que inicialmente el fiscal Ferro ordenó el archivo de las denuncias contra Segundo Zavala.
“Se ordenó la investigación el 4 de mayo, las pruebas existen, no hablamos solamente de testigos sino también de documentos donde queda claro que el gerente Segundo Pastor fue quien planeó y ejecutó una auto extorsión a la empresa, no sé qué más pruebas quiere el fiscal para actuar de manera drástica”, agregaron los socios.
Es sorprendente haberse enterado que sólo le piden comparecencia por un delito que no baja de los 10 años de pena, agregaron.
Esta situación los llevó a pedir la destitución de Segundo Zavala quien ya no debe seguir siendo gerente de la empresa de colectivos por haberse comprobado el grave delito que incurrió aunque el fiscal no quiera darse cuenta pese a las pruebas.
Se recuerda que el 1 de marzo del 2013, el denunciado obligó al tesorero Florencio Polo Castillo a retirar de la Caja Sullana 4 mil soles para pagar a un delincuente que supuestamente estaba extorsionando, pero no fue cierto porque al seguirle comprobaron que nunca entregó el dinero a nadie sólo inventó para beneficiarse económicamente.