En proceso judicial de “veredas del casco urbano”:
• Se realiza audiencia para determinar si empresas BEREA y Casco Urbano IIÂ responderán por posible indemnización.
• Luego de esta audiencia se programará control de acusación para determinar si proceso pasa o no a juicio oral.
El expediente de investigación por las veredas del casco urbano, no puede ingresar a la audiencia de control de acusación, mientras no se resuelva un pedido que formuló el Ministerio Público para comprender a la empresa BEREA que integró el Consorcio Casco Urbano II como tercero civilmente responsable del agravio al Estado.
Este pedido para señalar como responsable civil de la indemnización que se pudiera establecer en el proceso, será discutido mañana miércoles 24 de agosto a las 12.30 del día, luego que la Fiscalía cumpliera con realizar la diligencia de verificación de los domicilios fiscales de BEREA y Consorcio Casco Urbano II, tal como lo autorizó el Juez Eudosio Escalante Arroyo en la diligencia del último viernes 15 de julio.
Tanto el representante de la Fiscalía como de la Procuraduría advirtieron en dicha audiencia que según la ficha RUC de la SUNAT, existía una dirección vigente y nueva en la manzana F2 lote 18 de la urbanización Casuarinas, razón por la cual solicitaron autorización al Juez Eudosio Escalante Arroyo para realizar una diligencia de inspección y verificación.
Esta diligencia se cumplió el miércoles 20 de julio, con lo cual quedó definido que está dirección si es la correcta y es allí donde se les debe emplazar para que acudan sus representantes legales a la audiencia donde se discutirá si se les comprende o no, como terceros civilmente responsables.
Una vez que se dilucide esta pretensión, el Juez Eudosio Escalante Arroyo estará en condiciones de programar la fecha de la audiencia de control de acusación para discutir si la investigación concluida por la Fiscalía, pasa o no a juicio oral.
La Fiscalía ha solicitado que Consorcio Casco Urbano y una de las empresas que la integran, BEREA, sean consideradas como terceros civilmente responsables de los actos de colusión en agravio del Estado y por ende también respondan por la reparación civil que pudiera determinarse en el supuesto caso que este proceso llegue a juicio con una sentencia condenatoria.
INVESTIGACIÓN YA CONCLUYÓ
En la investigación por colusión en la adjudicación y ejecución de las obras de las veredas del casco urbano que ejecutó la Municipalidad Provincial del Santa, la Fiscalía ha solicitado se le imponga 8 años de prisión efectiva a la exgerente municipal Roxana Palacios Alí en calidad de autora y 7 años y seis meses de prisión efectiva a las empresarias Luz Margot Oliveros Basauri y Teófila del Pilar Desposorio Chasín en calidad de cómplices primarios.
Además, la Fiscalía acusó formalmente al ingeniero residente de la obra, Juan Carlos Lima Leandres como cómplice primario, para quien pidió 7 años y seis meses de prisión efectiva; a su asistente Ing. Ricardo Elías Villafana Espichán como cómplice secundario y al arquitecto Jaime Alexis Marín Vílchez, en calidad de supervisor de la obra, para quienes solicitó se les imponga 6 años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva.
Por otro lado, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento (archivo) de la investigación para los exfuncionarios ediles José Alberto Barreto Rojas, José Luis Luna Méndez y Efraín Froilán Arellano López, integrantes del comité especial que licitó la buena pro de la obra de mejoramiento de pistas y veredas del casco urbano, así como para el empresario Raúl Ángel Milla Villafana, representante legal de una de las empresas consorciadas ganadoras de la buena pro (FABRIC), pues se estableció que este último, solo habría participado para aportar experiencia y documentos que ayuden a obtener una mayor calificación en el proceso.