Si bien es cierto la familia Álvarez Aguilar viene pagando una costosa factura como consecuencia de los hechos acontecidos en el gobierno regional de Ancash, entre los años 2007 al 2014, que llevó a la cárcel a uno de sus integrantes, nada les hacía presagiar que todo ello se agravaría con la detención y posible internamiento en el mismo centro penitenciario de otro de sus miembros.
Nos estamos refiriendo a Segundo Álvarez Aguilar, hermano del ex presidente regional de Ancash, quien el viernes último fue sorprendido por los agentes penitenciarios del Establecimiento Penal de “Piedras Gordas”, en Ancón, cuando llevaba oculto un chip para ser utilizado en un equipo celular.
El detenido se dirigía a visitar a su hermano, por lo tanto el aditamento estaba destinado a él con la finalidad de comunicarse con familiares, amigos o partidarios en el exterior, algo que los reclusos de ese y otros centros penitenciarios tienen terminantemente prohibido bajo apercibimiento de ser nuevamente procesados y agravar su condición jurídica en el recinto penitenciario.
Esto se tiene que advertir en razón que si Segundo Álvarez pretendía hacer ingresar un chip al penal, ello quiere decir que su hermano cuenta con un equipo celular, de acuerdo a la conclusión a la que llegaron el pasado fin de semana cuando pusieron al intervenido a disposición, primero, de la Comisaría de ventanilla y la Fiscalía de esa jurisdicción.
Por ello es que la Fiscal de Puente Piedra ha formulado su requerimiento acusatorio y ha solicitado al Juez Penal de Ancón que fije una audiencia para los efectos de establecer su condición jurídica y determinar el proceso a seguir, pues en estos casos se apela al proceso inmediato por delito perpetrado en flagrancia, lo que significará que pueda ser sentenciado en cuestión de unos días.
Y es el que tanto César Álvarez como sus familiares tienen pleno conocimiento de las atribuciones y prohibiciones que tiene en su calidad de reo del centro penitenciario de “Piedras Gordas”, a la sazón uno de los de máxima seguridad en el país, por lo tanto, cuando tratan de ingresar al mismo en horarios de visita no pueden portar un solo objeto que se encuentre prohibido.
Desde el 23 de julio del 2012 entró en vigencia la Ley 29867 que castiga hasta con seis años de prisión el ingreso de objetos prohibidos a los penales del país, como celulares, cámaras de video y armas de fuego. La norma establece que cualquier persona que ingrese indebidamente con equipos o sistemas de comunicación, fotográfico o de filmación, recibirá una pena de entre cuatro y seis años de carcelería.
Esto está muy claro, no hay vuelta que darle y existe un antecedente mediático respecto a este tema y está relacionado con la detención en diciembre del año pasado de la señora Pilar López Vargas, madre de Gerald Oropeza López, un joven que se involucró en la mafia del narcotráfico y que, como suele suceder, fue a parar con sus huesos a una celda del penal de “Piedras Gordas”.
Su madre fue sorprendida cuando ingresaba en el horario de visita ocultando bajo el corpiño un pequeño celular de última generación, con microchip y batería incluida, por lo que fue detenida y sometida a un proceso penal inmediato en la medida que ese hecho constituye un delito contra la administración pública.
La madre hizo un alegato que nadie le podría creer, adujo que el teléfono era suyo y que no lo dejó en la oficina de prevención, en donde se encargan los objetos personales “porque se olvidó” y es que había salido apurada de su domicilio, coartada que ciertamente nadie podría creerle porque su objetivo era que su hijo tenga comunicación con el exterior, no solo con ella sino con todos los amigotes con los que departía y por cuya actividad se encuentra involucrado en este problema judicial.
La mujer estuvo detenida por una semana que tomó el juicio y finalmente el Juez la sentenció a tres años y un mes de prisión suspendida, pero ello en razón que se le disminuyó la pena de cinco años que solicitaba el Fiscal por acogerse al principio de terminación anticipada, en otras palabras, terminó reconociendo la comisión del delito y asumiendo las responsabilidades por ello, por lo que fue sentenciada a una pena menor y al pago de una reparación civil así como a una serie de restricciones que debe cumplir en el lapso señalado en la condena.
Solo de esta manera la mujer pudo sortear la cárcel y es la alternativa que tiene el hermano de César Álvarez si es que no quiere terminar acompañándolo en una celda del mismo Penal pues se trata de un delito que es severamente sancionado y frente al cual no deben existir recelos en la medida que lo que hacen los acusados es traicionar la confianza que le otorga el estado al permitirle ingresar a un presidio a visitar a un recluso pero viola las reglas de juego y trata de sorprender a la autoridad.
Esto es lo que llama la atención en hechos de esta clase, que se sigan repitiendo a pesar que existen una serie de intervenciones que se realizan de este mismo tipo y que terminan con los responsables bajo las rejas, o, en todo caso cuando los aditamentos y aparatos son hallados en poder del recluso solo agrava la situación de éste.
Lamentablemente, la gente no ha tomado conciencia de la normatividad vigente que castiga con pena efectiva esta modalidad de ingreso de celulares o aditamentos a un centro penitenciario y eso se hace evidente cuando leemos todos los días las noticias de los medios de comunicación que dan cuenta del hallazgo de estos aparatos dentro del recinto penitenciario.
Esto quiere decir que la gente no escarmienta, que siempre buscará la manera de internar al reclusorio estos aparatos telefónicos, de allí que las autoridades deben establecer precedentes drásticos y contundentes, de lo contrario, seguiremos lamentando que los Penales del país estén convertido en una suerte de “teléfono comunitario” en donde la excepción son aquellos que carecen de un equipo de comunicación, las malas costumbres se tienen que sancionar con todo el rigor que señala la ley, nadie debe estar exento de esta acción firme de la justicia. Veremos que sucede con el hermano de ex presidente regional.