Los trabajadores del Estado presentaron pedidos por un monto de S/ 99,944 millones en total a través de la negociación colectiva, según el Informe Final del Estado de la Administración Financiera del Sector Público realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Estos pedidos, realizados entre abril del 2021 y enero del 2022, se producen en el marco de la nueva ley de negociación colectiva en el sector estatal.
Con esta legislación se permite a los trabajadores del Estado negociar de manera colectiva aspectos con incidencia económica, algo que no se podía hacer anteriormente.
El monto solicitado, que de ser aprobado empezarían a aplicarse en el 2023, fue requerido en mayor medida por los empleados del gobierno descentralizado.
Las cifras indican que el 89% de la negociación solicitada proviene de los gobiernos locales, regionales y ministerios sectoriales.
Asimismo, un 81% de las pretensiones salariales provienen de trabajadores de los ministerios de Salud y Educación.
Sin embargo, se advierte que esta solicitud se enfrenta a problemas con el espacio de gasto con el que cuenta el Poder Ejecutivo.
Por el momento se indica que existe un “espacio fiscal” de solo S/1,002 millones para el año 2023, mientras que lo solicitado en estas negociaciones solo podría cubrirse con el gasto adicional del Espacio Fiscal.
Con esto el informe evidencia que es posible que el Estado no cuente con el presupuesto requerido para ejecutar las demandas de sus trabajadores y es probable que pocas negociaciones terminen en acuerdos y la mayoría pasaría a arbitrajes.
“Los árbitros pueden hacer caso omiso a las recomendaciones del MEF y fallar a favor de lo que consideran pertinente. Antes, municipalidades ya han quebrado porque, aunque se demostraba que el Estado no podía afrontar el gasto que significaba el aumento solicitado, los árbitros igual les daban la razón a los trabajadores”, comentó Juan José Martínez, expresidente de Servir.
Además, señaló que los incrementos solicitados por los trabajadores deberían ir acompañados de una mejora en los estándares de los trabajadores, en la gestión de gasto o en el servicio prestado por las entidades.