Se trata de comuna distrital en gestión de Nicolás Risco:
Seis personas involucradas entre autoridades y funcionarios pagaron una consultoría que no se realizó con dinero del canon minero, originando un perjuicio en contra de la Municipalidad Distrital de Pallasca en el año 2018, según el informe N° 018-2021-2-0341-SCE de la Contraloría General de la República.
Estos hechos que trasgreden todas las normas legales vigentes son una fiel muestra de la forma como se dilapidan los dineros del Estado y son realizados conociendo las normas y sabiendo sus consecuencias y donde están incluidos el alcalde, el gerente municipal, el jefe de logística, el jefe de presupuesto y lógicamente la persona que hizo la consultoría quien es una bachiller en derecho y fue tan consciente de los actos que declaró, según el informe, que fue un acto simulado para ganar un porcentaje.
Entre febrero y noviembre del año 2018, el último año del periodo municipal de Nicolás Risco Orbegozo como alcalde de la Municipalidad Distrital de Pallasca, se cancelaron S/. 146,200 soles a la bachiller en derecho Zoila Milagros Tuesta Vargas por unos informes que no fueron verdaderos, pues tenían que ver con una investigación que realizaba la fiscalía al titular del pliego, refiriéndose al alcalde y gerente, pues nunca estuvo acreditada en el proceso y nunca revisó las carpetas fiscales.
Por ende, si no revisó las carpetas fiscales, los informes fueron falsos, señala el informe indicando que dichos servicios no fueron ejecutados, es decir fueron simulados o ficticios para lo cual utilizaron la figura de prestación de servicios por parte de una proveedora con quien tenían nexos de amistad y confianza, realizando modificaciones presupuestarias para habilitar recursos del canon, sobre canon y regalías mineras.
No obstante, existe prohibición legal expresa, efectuando la ejecución presupuestal con un solo usuarios en el SIAF para facilitar y concretar los pagos a través de cheques que fueron cobrados en el Banco de la Nación de Chimbote.
Fueron once los procesos: órdenes de servicio que se elaboraron entre febrero y noviembre del 2018 y que en total suman S/. 146,200 soles trasgrediendo más de seis leyes como la del canon, la de regalías mineras, la del sistema nacional de tesorería, la ley de presupuesto público, la ley del sistema nacional del presupuesto y varios decretos supremos.
La situación se generó porque los funcionarios a cargo de la gerencia municipal, gerencia de planificación y presupuesto, gerencia de logística valiéndose de su cargo, realizaron operaciones utilizando el sistema SIAF y emitieron conformidad a pesar de conocer que la proveedora no prestó servicios por los cuales se les pagó y por carecer además de preparación y acreditación profesional para realizar los servicios y consultorías.
Además del alcalde Nicolás Risco Orbegozo, está involucrado y como uno de los principales presuntos sindicados, el gerente municipal Bradyen Juan Díaz Velarde, que fue el gerente municipal del 02 de abril del 2015 al 31 de diciembre del 2018. En el informe se señala que Díaz Velarde no desvirtuó su participación en los hechos. Valiéndose de su cargo dispuso las modificaciones presupuestarias que afectaron los recursos del canon para habilitar recursos específicos de gasto y efectuar los pagos a Cuesta Vargas.
También está involucrado Alexander Bruce Mariño, contador externo y encargado de presupuesto entre el 03 de enero y 31 de diciembre del 2018 en dicha municipalidad distrital. Él efectuó las modificaciones presupuestarias que afectaron los recursos del canon.
La jefa de logística Eva Isabel Rufino Eusebio, también está involucrada en el caso. Ella elaboró las órdenes de servicio mientras estuvo en el cargo. Después fue reemplazada por Dona Huamancondor Campos, quien elaboró las otras órdenes de servicio en el tiempo que ejerció el cargo. De la misma manera ocurrió con Sonia Rafaile Tapia, que también elaboró órdenes de servicio mientras fue jefe de logística.
El informe recomienda a la Municipalidad Distrital de Pallasca disponer las acciones administrativas respectivas para deslindar responsabilidades de los funcionarios y servidores de la municipalidad comprendidos en el hecho y al procurador público de la Contraloría General de la República iniciar acciones legales penales contra todos los involucrados en este informe.