Richard Contreras sigue bajo cuestionamiento:
Hace poco (edición del 25 de febrero, página 4) informamos sobre la manera en la que el manto de impunidad cubría gran parte del valle de Nepeña, y especialmente Samanco, debido al contubernio entre autoridades y delincuentes dedicados a la invasión y al tráfico de terrenos. Eso quedó evidenciado con el testimonio del agricultor Alfonso Alvarado Llerena, quien en el 2011 sufrió la usurpación de su fundo en Samanco por parte del representante legal de la empresa Casamar, José Arturo Boluarte Gylling, quien finalmente fue condenado como autor de delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación y daño agravados, según sentencia dictada el 17 de diciembre de 2017 (expediente 02356-2011-0-2501-JR-PE-01) por los magistrados Vásquez Cárdenas, Loparte Sánchez y Carrasco Rosas, titulares del Segundo Juzgado de investigación preparatoria y de liquidación de la Corte Superior del Santa.
“Ese Fiscal de Nepeña, Richard Contreras, era un corrupto. Él trabajó con un superior. Les pagaban para proteger a Boluarte”, precisa Alfonso Alvarado cuando menciona al entonces titular del Ministerio Público en Nepeña. El agricultor relaciona a Contreras con malos empresarios de la zona como Boluarte, quien -según Alvarado- usaba el poder del dinero para intentar ajustar la justicia a su medida, una vieja costumbre que estuvo enraizada en el valle de Nepeña.
Pero no es lo único sobre Contreras. A la versión del agricultor samanqueño se suma el señalamiento público (https://m.facebook.com/watch/?v=2473300326265364&_rdr) que hizo el periodista chimbotano Carlos Enríquez Salinas en contra del citado Fiscal, a quien denunció ante la Fiscalía de Control Interno por omisión de funciones y por la evidente protección a un invasor de tierras del Proyecto especial Chinecas en la provincia del Santa. El jueves 13 de febrero del 2020 Salinas fue agredido, resultando herido y ensangrentado, mientras cumplía su misión periodística de cubrir la invasión de un terreno del proyecto Chinecas. La agresión ocurrió en presencia de Contreras Horna, quien no hizo nada para impedirlo. Según el agraviado y testigo, el cuestionado Fiscal incluso habría ordenado que lo desalojen. “Lo voy a denunciar por omisión de funciones. ¿Cómo un Fiscal va a permitir que un invasor, a quien él está investigando por invadir tierras del Estado, me agreda? Y además pide que me saquen. En otras palaras le dijo: anda y agrédelo” manifestó el hombre de prensa luego de ser atacado. Pese a ser confrontado por Salinas, según se hizo público, Contreras se hizo el desentendido y dijo que “no sabía nada y que no vio nada” a pesar de que en un video se ve a la autoridad presenciando el lamentable hecho. Y por si fuera poco, el Fiscal, además se negó a auxiliar al periodista ensangrentado, quien tuvo que llegar por sus propios medios a un centro de Salud, donde fue socorrido. Cabe anotar que, contradictoriamente, el Fiscal Contreras Horna atendía una denuncia del agresor contra el agredido por invasión de propiedad.
Difundida públicamente la brutal golpiza, los gremios y asociaciones locales de prensa marcharon hasta la sede del Ministerio Publico como protesta y reclamaron sanción penal para Contreras. Sin embargo, no hubo respuesta firme de las autoridades de Fiscalía, lo que hizo más fuerte el olor a impunidad alrededor de este caso de agresión e invasión de tierras, donde se juegan los intereses de algunas malas autoridades.
Richard Contreras Horna renunció a ser fiscal de Nepeña en el mes de diciembre pasado, alegando problemas personales y de salud. Sin embargo, el ahora exmagistrado afronta una grave denuncia por presunto abuso de autoridad y prevaricato. En la Resolución de la Junta de Fiscales Supremos 093-2021-MP-FN-JFS, se acepta su renuncia con un fraseo que resulta muy poco habitual: “sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, por las quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite”.
El caso por el que fue denunciado data del 10 de junio del 2019. La investigación fue desarchivada por la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo la cual ordenó que el exmagistrado sea investigado por el Ministerio Público de Chimbote. Todo indica que el fiscal Richard Contreras no hizo las suficientes averiguaciones respecto a un conflicto entre dos familias sobre un terreno y obligó a tres ciudadanos a que sean trasladados a la comisaría de Moro donde ordenó la detención por 48 horas contra estas tres personas, conforme se indica en el acta policial. El abogado de los detenidos cuestionó duramente la decisión de Richard Contreras, pues argumentó que no hubo mandato judicial ni flagrancia para que el fiscal ordene una detención. Luego llegó a pedir prisión preventiva para los tres, sin embargo, el Poder Judicial lo desestimó. La situación del entonces magistrado se complica ya que la Segunda Fiscalía Superior Penal del Santa, en su informe presentado ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, opina que procede la formalización y continuidad de la investigación preparatoria.
Lo último que se conoció, según informes de prensa hechos públicos el pasado 11 de enero, es que también podría tener problemas por presuntas irregularidades ocurridas cuando estuvo como fiscal al frente de la disputa entre la pesquera Grupomar y Casamar, su asociada en participación. De esta manera Boluarte y Contreras, resultan viejos conocidos. No se descarta que la renuncia haya obedecido a un intento de cubrirse las espaldas debido al cúmulo de denuncias que pesan sobre él.