16 mil alumnos afectados:
La primera voz de alerta llegó a través del mismo director de la UGEL Santa, quien confirmó que los alumnos de por lo menos treinta instituciones educativas de dicha jurisdicción no iban a tener la felicidad de reanudar las clases presenciales en su propio plantel sino en aulas provisionales o como alumnos encargados en otros planteles vecinos. Eso, como lo ha dado a conocer el funcionario, se debe a que los trabajos de reconstrucción o de mantenimiento en el que se encuentran dichos locales escolares, sencillamente no han concluido dentro del plazo fijado en los respectivos contratos de obra.
Igual de dramática fue la segunda clarinada de alerta de la que dimos cuenta el último fin de semana. Ésta se refiere a la determinación asumida por la empresa municipal Sedachimbote de cortar el servicio de agua a diez instituciones educativas por falta de pago, según informo SUNASS. Pero tan pronto como se conoció esta ingrata noticia, un dirigente de las APAFAS llamó para decirnos que, aparte de las diez, son más las instituciones educativas que en los próximos días van a seguir la misma suerte ya que han sido notificadas de esta drástica medida, entre ellas el Politécnico Nacional del Santa.
Teniendo en cuenta que las propias autoridades educativas han estimado en 400 el promedio de alumnos que posee cada colegio estatal, son 12 mil los estudiantes que no podrán asistir a clases en sus propios locales escolares, debiendo hacerlo en un lugar ajeno sometiéndose a todos los contratiempos e incomodidades que entraña esa involuntaria intromisión.
Si a eso sumamos los 4 mil escolares que no podrán hacer uso del servicio de agua durante sus horas de clase, resulta que van a ser 16 mil los alumnos y alumnas pertenecientes a la UGEL Santa que van a reiniciar sus clases presenciales en inferioridad de condiciones frente a sus pares de otros planteles educativos. ¿Se puede, en estas condiciones dramáticas, hablar de calidad educativa?
Según los padres de familia, no existe ninguna justificación para que se hayan producido ambos problemas perjudicando de manera clamorosa el servicio y la gestión educativa. Los trabajos de reconstrucción o de mantenimiento, se realizan a partir de la aprobación de un expediente técnico donde figura el presupuesto de la obra debidamente autorizado por el ministerio de Economía y Finanzas. También existe un contrato de fiel cumplimiento, donde la unidad ejecutora y la empresa contratista se comprometen a respetar los plazos de ejecución, forma de pago, calidad de los materiales a utilizarse e incluso las penalidades de las que pueden ser objeto ambas partes en caso de incumplimiento.
Aún así, solo en el ámbito de la UGEL Santa existen más de treinta instituciones educativas donde nada de lo que está escrito en el papel se ha cumplido, perjudicando de manera inexplicable el normal desarrollo de la tarea educativa. ¿Dónde está la labor de fiscalización que deberían realizar los cinco congresistas que representan a la región Ancash?.
En lo que respecta al corte del servicio de agua, la cosa resulta igualmente inexplicable. Es de suponer que el pago de este servicio, como el pan de cada día, está incluido en el presupuesto de cada institución educativa y por consiguiente forma parte de las partidas presupuestales que manejan la UGEL Santa y el gobierno regional de Ancash. El incumplimiento de esta elemental obligación, hasta cierto punto doméstica, solo puede ser resultado de una mala labor administrativa.
Dieciséis mil alumnos no pueden verse afectados en medio de este dramático panorama, producto a su vez de una deficiente gestión educativa.