Los pobladores de los 23 asentamientos humanos que se encuentran instalados en las denominadas 217 hectáreas de propiedad del Proyecto Especial Chinecas y que no han sido reconocidos, anunciaron que mañana martes estarán realizando una masiva marcha hacia el Palacio Municipal para expresar su repudio y rechazo a la alcaldesa provincial Victoria Espinoza García.
Las razones de esta medida se relacionan con el punto de vista de abierta oposición que ha expresado la alcaldesa provincial a la petición que han formulado para que se transfiera las 217 hectáreas a la Superintendencia de Bienes Nacionales con fines de vivienda.
Los pobladores demandan un trato similar al que han recibido las decenas de asentamientos humanos que se ubican dentro de las 308 hectáreas del mismo proyecto Chinecas y que la semana pasada han sido beneficiados con el acuerdo de consejo regional mediante el cual se ha decidido transferir esas tierras a efectos que se inicie los trámite de reconocimiento y titulación de quienes se encuentran en posesión de las mismas.
A diferencia de la posición asumida por la alcaldesa Victoria Espinoza, estos mismos pobladores han recibido la solidaria posición del alcalde de Nuevo Chimbote, a la sazón la autoridad municipal del distrito en donde se encuentran ubicados los terrenos y que debe ser la que más les interesa, empero, por motivos que nadie entiende la alcaldesa provincial ha metido su cuchara y se ha comprado un pleito que no le corresponde.
En medio de este concierto de dimes y diretes entre la autoridad provincial y distrital y de los reclamos airados de los pobladores de esos 23 asentamientos y humanos, aparecieron regidores que quisieron ganar páginas y espacios en los medios de comunicación planteando acuerdos para descalificar el accionar de las autoridades, específicamente del gobernador regional y el alcalde distrital de Nuevo Chimbote a quien trataron de declarar personas no gratas, intento que ciertamente fracasó.
Todo este barullo empezó con la posición nada ética del Gobernador regional Waldo Ríos Salcedo quien ofreció nada menos que mil hectáreas para ser transferidas del proyecto especial Chinecas a favor de los pueblos que reclaman un lote donde vivir y en ese discurso estaba incluyendo no solo a las 308 hectáreas cuyo trámite estaba aún pendiente en el consejo regional de Ancash sino las 217 hectáreas ubicadas en el distrito de Nuevo Chimbote y otras 305 hectáreas que demandan las invasiones de la vecina provincia de Casma, apostadas también en predios del proyecto irrigador.
Decimos que la posición de Waldo Ríos no es ética en la medida que se convierte en juez y parte de una misma cosa pues además de ostentar la máxima autoridad en la Región es, por mandato de la ley, el Presidente Directorio del proyecto Especial Chinecas, es decir, de los predios a los cuales estaba haciendo alusión.
Sin embargo, el tema de la titulación de los terrenos no nace ahora que el alcalde Valentín Fernández ha fijado una posición solidaria y fraterna con pueblos que carecen de un techo y que viven en un clima no solo de carencias de servicios sino bajo las amenazas de delincuentes que han hecho del tráfico de tierras una modalidad de lucro que le rinde muchos réditos y que apelan al sicariato para limar diferencias.
Y es que, como lo mencionábamos, este conflicto sobre las transferencia de los predios no nace ahora que una y otra autoridad han expresado su adhesión al pedido de los pobladores, sino que se remonta a la época de la denominada red criminal de Áncash, cuando se planteó la transferencia de las 308 hectáreas para titular a los invasores de entonces.
Quienes nos opusimos tenazmente a esas pretensiones fuimos muy pocos, advertimos de la ilegalidad que representa un trámite de esta naturaleza en la medida que la ley que declara al proyecto irrigador de necesidad y utilidad pública determina que las tierras que forman parte de aquel tienen el carácter de intangible, lo que quiere decir que solo pueden ser destinadas con fines de agricultura y nada más.
Esto lo sostuvimos una y otra vez a pesar que por entonces los “comandos” contaban con una siniestra maquinaria de insultos y ataques de toda índole, sin embargo, se siguió adelante con ese trámite a pesar que fue anulado por su inconsistencia legal y hoy, con intervención de los alcaldes de la provincia del Santa, cuando estaba Julio Cortez al mando, de Nuevo Chimbote Valentín Fernández y los dirigentes de los asentamientos invadidos, hallaron una salida en el Poder Ejecutivo que dijeron era legal para que se concrete la transferencia de las 308 hectáreas y celebraron todos esta medida.
Esa salida legal fue la transferencia de ese predio a favor de la Superintendencia de Bienes Nacionales para los efectos que ésta entidad las traslade a la Municipalidad y se acuerde el saneamiento de los terrenos a través del cambio de zonificación y se le otorgue a ese sector la calidad de habitacional, de tal suerte que de esta forma se entreguen las constancias de posesión y posteriormente se titule a esos asentamientos.
Quienes nos opusimos a ese trámite advertimos ahora que muchos que batieron las palmas cuando se concretó este trámite hoy reniegan de la posibilidad que las otras 217 hectáreas en donde se hallan 23 asentamientos reclamen el mismo trato por parte de las autoridades municipales, regionales y gubernamentales.
¿Con que autoridad moral pueden hacer esto? Esto lo dijimos en su debido momento, si es que se autoriza la transferencia de las 308 hectáreas se tendrá que hacer lo mismo con las otras dos demandas de Nuevo Chimbote y Casma porque en donde existe el mismo hecho existe el mismo derecho, ese es un axioma jurídico que se pone en práctica no solo con la ley sino con los usos y las costumbres.
Quien tiene la potestad de rechazar las peticiones de las poblaciones apostadas en las 217 hectáreas son los dueños de ese predio y la Municipalidad Provincial del Santa no es la propietaria, quien tiene la titularidad es el proyecto especial Chinecas y es esta entidad la que debería accionar legalmente para el desalojo de los invasores pero no lo ha hecho.
De allí que ahora surjan voces que enarbolan las banderas de la reivindicación de Chinecas, que dicen defender el proyecto irrigador, ello solo responde a un discurso hipócrita que no se fundamentó en su debido momento, cuando sostuvimos que era un error transferir las 308 hectáreas. Ahora los invasores tienen hasta una herramienta legal que respalda la previsible reacción que muestran hoy saliendo a las calles y repudiando a la alcaldesa.