¿Tanto así?
Según lo ha revelado un reciente Informe elaborado por la Contraloría General de República, un total de once funcionarios del gobierno regional de Ancash, quienes laboran en el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” de Chimbote, han resultado seriamente comprometidos en la irregular adquisición de un ventilador mecánico y un ecógrafo, equipos que fueron adquiridos con carácter de urgencia en momentos en que los embates de la pandemia del covid 19 alcanzaron su pico más elevado.
No obstante que el informe del órgano de control recién ha salido a la luz, se ha podido establecer que tales irregularidades corresponden a un proceso de adquisición que se llevó a cabo en un momento crucial, cuando las compras estatales se realizaban a diestra y siniestra, acelerando o festinando los trámites bajo el amparo de la situación de emergencia nacional. Después de todo, no es exagerado precisar que en aquellos días, más que en cualquier otra circunstancia, la presencia de estos equipos podía significar para muchos pacientes la diferencia entre la vida y la muerte.
Según el informe de Contraloría, dicha adquisición ha dado lugar a un perjuicio económico de S/46,390; pero muy por encima de este daño material en agravio del estado está el daño que se ha ocasionado en perjuicio de miles de pacientes. Pues los funcionarios involucrados en esta irregular adquisición permitieron que el proveedor entregue los equipos después de cincuentaitrés días del plazo fijado en las bases.
Eso quiere decir que durante todo ese tiempo, los pacientes que requerían con urgencia de estos equipos médicos, tuvieron que mantenerse expuestos a toda clase de riesgo, sin más auxilio que la sagrada providencia. Pero al final no es el precio del equipo lo que más importa sino el momento preciso de su requerimiento, es decir ahí donde para cualquier paciente un minuto puede significar la eternidad.
Ante semejante despropósito, resulta imposible aceptar que los once funcionarios del gobierno regional no hayan tenido conciencia del daño que estaban haciéndole a la población y si la tuvieron, poco o nada les importó. Pues aprovechando el pánico general causado por la pandemia, el gobierno regional de Ancash realizaba por esos días millonarias compras y contrataba la implementación de ambientes provisionales, todo eso con la mayor ligereza y a precios sobrevalorados, situación de la que todos querían sacar provecho. A río revuelto, ganancia de compradores.
El informe de Contraloría concluye con una recomendación al procurador público especializado en delitos de corrupción, para que inicie lo más pronto posible las acciones legales contra los funcionarios involucrados, quienes además han sido plenamente identificados.
Como el común de la gente, compartimos la idea que ésta no tiene porqué ser una denuncia cualquiera. Por más de una razón, el delito que se ha cometido tiene que ver con la vida y la salud de miles de pacientes quienes, a falta de una oportuna atención hospitalaria, tuvieron que enfrentar la pandemia a su manera y con sus propios recursos. En tales circunstancias, cualquier acto de corrupción no tiene precio y de ninguna manera puede pasar por alto.