ESTABILIDAD
Es importante que el Organismo Técnico de Administración de los servicios de Saneamiento (OTTAS) haya puesto punto final a la controversia surgida a raíz del nombramiento del Presidente del Directorio y el gerente de la empresa Sedachimbote, pues ahora que avalado los últimos acuerdos queda claro que los titulares de estas reparticiones son el Ing. Cesar Calderón López y el Ing. John Milla Díaz. Ello porque las marchas y contramarchas que se dieron a consecuencia de la intervención de directores cuando ya no estaban legalmente en funciones hizo abortar en dos oportunidades esta elección y una tercera estuvo a punto de seguir el mismo camino, sin embargo, la OTTAS ha precisado que ello no es así, que el último acuerdo es válido en la medida que un oficio anterior que lo desconocía se emitió como consecuencia de un acuerdo de consejo regional que se dio con fecha posterior a la sesión de directorio, es decir, que todo está oleado y sacramentado. Ello porque existían intereses creados de ciertos funcionarios que trataban por todos los medios de impedir que el Ingeniero Calderón tome las riendas del Directorio y pretendían que se encubre a otros directores, empero, la ley es la ley y todo está ya dicho al respecto. Sin embargo, ahora que legalmente Sedachimbote ya cuenta con directores y gerente elegidos al amparo de la ley de saneamiento, habría que preguntarle al Ministerio Público que es lo que hizo con la investigación que inició el año pasado cuando la alcaldesa nombró de manera ilegal como Presidenta del Directorio a la actual Vicepresidenta del congreso de la república Rosa María Bartra y al Ingeniero Manuel Rodríguez Senmache como gerente a sabiendas que no podía hacerlo. La procuraduría denunció estos hechos, se abrió la investigación respectiva por 120 días, pero ha transcurrido año y medio y hasta la fecha no se dicen nada. Esta debe ser una de las tantas carpetas que duerme el sueño de los justos en las fiscalías anticorrupción y por lo cual la procuraduría viene solicitando control de plazos. Parece que el relajo tiene otras connotaciones.
REACCION
Por fin los funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa se acordaron de hacer cumplir las normas y organizan sendos operativos para impedir que gente inescrupulosa invada la vía pública y la utilice como si fuera de su propiedad, perjudicando a los peatones y conductores que muchas veces se encuentran con las avenidas y jirones obstruidos y deben dar media vuelta para poder pasar de un extremo a otro. Primero comenzaron con los toldos que se colocan para organizar fiestas infantiles o reuniones desde las puertas de las viviendas y sobre lo ancho de las pistas, por lo menos invaden un 80% de la calle. Esto es ilegal y se ha hecho una mala costumbre, por ello es que la comuna debe contar con un pelotón de inspectores y agentes municipales que se dediquen a erradicarlos e imponer multas a quienes, a sabiendas que está prohibido, siguen invadiendo las calles. Pero ahora ha sumado a estas acciones las ejecuciones coactivas para demoler aquellas construcciones que se han levantado invadiendo la vía pública, comoÂÂ sucedió anteayer en Miramar en donde se demolió toda la frontera de una vivienda. Esto ocurre porque los propietarios, conscientes de los límites de su propiedad y conocedores que existe una franja que se conoce como “retiro municipal” levantan sus edificaciones sobre ellas, en la idea que una vez que ya está el ladrillo y cemento colocado allí nadie podrá retirarlo. Se equivocan, la ley establece procedimientos administrativos que ordenan la demolición de una construcción ilegal, de allí que pensamos que la ejecutoría coactiva tiene harta chamba porque basta pasearse por las calles de Chimbote para advertir el abuso que se hace de esta clase de usurpación de la vía pública.
ENFERMEROS
Con ocasión de celebrarse su día, los gremios de enfermeros de la provincia del Santa reclamaron que el Congreso apruebe la ley que regula su actividad y en la cual se considera la obligatoriedad de los centros educativos del estado de implementar un tópico de enfermería y contratar de manera permanente a un profesional de este ramo. La idea es fantástica, en más, eso sería lo ideal, que cada centro educativo cuente con un profesional de enfermería en la medida que en un día de clases se suscitan decenas de incidencias, enfermedades respiratorias que se complican, dolores estomacales repentinos, golpes o caídas, en fin, una serie de situaciones que requiere de la atención de un profesional. Sin embargo, una ley de esta magnitud no se puede aprobar si es que no está acompañadaÂÂ de un pliego presupuestal, incorporar enfermeros en cada centro educativo estatal le cuesta un huevo con su clara y su yema al Estado y los legisladores no tienen iniciativa de gasto, de tal suerte que en este caso debe comenzarse al revés, se tiene que llegar a las entrañas del MEF para persuadirlos de la importancia que se incluya en un presupuesto anual una partida específica para que se pueda concretar la idea. Esperemos que lo logren.