La justicia es una sola pero, según sea el cumplimiento de la sentencia, también puede tener dos caras. Y eso es lo que se puede observar luego de lo sucedido la semana pasada con dos ex autoridades ancashinas acusadas de corrupción y que fueron sentenciadas a pagar con prisión efectiva su deuda con la sociedad. No referimos al ex gobernador regional Waldo Ríos Salcedo y la ex alcaldesa de la municipalidad provincial del Santa Victoria Espinoza García.
Después de haber cumplido una condena de seis años de cárcel en el penal Víctor Pérez Liendo de su tierra natal, la ciudad de Huaraz, el viernes de la semana pasada Waldo Ríos Salcedo pudo al fin recuperar su libertad. En el momento de abandonar la prisión, Ríos Salcedo no pudo ocultar los estragos físicos y anímicos que el encierro es capaz de marcar en todo ser humano. El delito de colusión agravada por el que fue sentenciado, lo cometió mientras se desempeñaba como alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz.
A pesar de ello, Waldo Ríos Salcedo traspuso la valla de la notoriedad nacional cuando fue congresista de la República por la filas del Frente Independiente Moralizador (FIM). En un video que los medios de comunicación mostraron a nivel nacional, Waldo Ríos aparece en la famosa Salita del SIN recibiendo de manos de Vladimiro Montesinos un abultado fajo de dólares. Era el precio contante y sonante que recibió a cambio de votar a favor de las normas legislativas que permitieron la re-reelección del Alberto Fujimori Fujimori.
Otra de las extravagancias por la que Waldo Ríos se hizo famoso, fue la despiadada promesa de regalar 500 soles mensuales a las familias de extrema pobreza, lo que le permitió ganar abrumadoramente la elección como gobernador regional de Ancash para el periodo 2015-2018. Cuando los electores se dieron cuenta que habían sido vilmente engañados, ya era demasiado tarde. Para suerte de él, las falsas promesas y estafas políticas no son sancionadas por la legislación peruana.
Judicialmente hablando, el caso de la ex alcaldesa Victoria Espinoza García tiene algo de parecido. A mediados del 2017, siendo alcaldesa en ejercicio, fue sentenciada a cuatro años de prisión efectiva por el caso “semáforos inteligentes” una obra que, conforme lo pudieron establecer los peritos judiciales, se ejecutó con una sobrevalorización de aproximadamente cinco millones de soles. Fue licitada con un presupuesto de 3.5 millones, pero al final se pagó por ella la suma de 8.3 millones.
Conjuntamente con la ex alcaldesa, por este caso también fueron sentenciados con la misma pena el ex primer regidor Julio Cortez Rojas, los funcionarios municipales Micaela Flores Gómez y Javier Menacho Méndez, así como el empresario chileno Emilio Rivas Gay.
Pero lejos de someterse a los dictados de la justicia, los cinco sentenciados optaron por darse a la fuga. Tras ser capturados hace un año, Micaela Flores y Javier Menacho ahora se encuentran en el penal de Cambio Puente y la misma suerte corrió el pasado 17 de marzo el empresario Rivas Gay, quien pudo ser capturado en Colombia.
El pasado 6 de junio, los abogados de Rivas Gay consiguieron que la Corte Suprema de Justicia admita un habeas corpus por el cual ha sido puesto en libertad. Desde la clandestinidad, Victoria Espinoza también solicitó acogerse a este beneficio pero hace unos días las autoridades judiciales se lo han negado definitivamente.
Con todos los errores que se le puede atribuir al sistema de justicia, lo que nuestra sociedad necesita es tener la certeza de una correcta aplicación de las leyes, le cueste a quien le cueste. Después de todo, no es que la justicia tenga dos caras. Son los sentenciados, quienes adolecen de este mal.