Tal como lo dispone la Ley Orgánica de Municipalidades, el pasado 31 de mayo el alcalde de la municipalidad distrital de Macate, Dunior Contreras Reyes, realizó una audiencia pública donde rindió cuenta ante la población de la labor realizada por su gestión hasta ese momento. Pero como si este mecanismo de transparencia gubernamental no tuviera la mayor importancia, un grupo de pobladores incitados por las rondas campesinas del lugar quieren que el burgomaestre realice otra rendición de cuentas en la forma y una fecha que ellos quieren imponer a la fuerza.
A través de esta antojadiza e ilegal ocurrencia, lo que los ronderos quieren en realidad es demostrar ante la comunidad que su palabra es ley y que por lo tanto quienes mandan en Macate no el alcalde ni ninguna otra autoridad representativa, sino ellos y solamente ellos.
Pero en vista el burgomaestre ha reiterado que no va a ceder ante esta ilegal y antojadiza exigencia, ha empezado a recibir amenazas contra su integridad física a través de su celular y las redes sociales. Y no solamente eso. Amparándose en el estado de derecho, la autoridad edil también se ha visto obligada a solicitar garantías para él y su familia ante la Subprefectura de la provincia del Santa. Un pedido que se espera sea atendido lo más antes posible.
Pero Macate no es el único lugar donde las rondas campesinas se han empecinado en imponer por la fuerza sus propias normas y en aplicar sus propios métodos. Desde que el actual gobierno dirige los destinos de la nación, en diversos lugares del país estamos viendo que las rondas campesinas vienen cometiendo una serie de excesos sin que nadie los detenga.
El más reciente y reprochable de estos hechos ha tenido lugar en el distrito de Chilía, provincia de Pataz, región La Libertad. En ese alejado lugar, los ronderos han llegado al extremo de mantener secuestradas durante doce días a dos indefensas mujeres acusadas de ejercer supuestas prácticas de brujería. Durante ese tiempo, ambas mujeres han sido sometidas a todo tipo de vejámenes y torturas, físicas y sicológicas.
Las imágenes de esta brutal y condenable barbarie han dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales y han presentado al Perú como un país donde todavía se permite estas atrocidades y donde la vida y los derechos humanos no valen absolutamente nada.
Increíblemente, cuando se daba por un hecho que este delito de lesa humanidad iba a ser materia de una condena por parte de las autoridades del gobierno, nos hemos dado con la ingrata sorpresa de estar completamente equivocados. El propio presidente del Consejo de Ministros ha restado toda importancia a este brutal abuso y en el colmo de la imprudencia ha sostenido que la labor de los ronderos es mucho más importante que la labor que realizan las fuerzas armadas y policiales del país. Increíble pero cierto.
Por si fuera poco, la vice presidenta de la República, Dina Boluarte, abogada de profesión y quien personifica al país, también ha restado toda importancia a este hecho y más bien ha tratado de justificarlo aduciendo que son usos y costumbres ancestrales que deberían respetarse.
Con lo que queda claro que las rondas campesinas ahora tienen licencia para imponer su propia ley y realizar exactamente las mismas atrocidades que hace más de 200 años realizaba la Santa inquisición. Quiere decir que en vez de avanzar, estamos retrocediendo.