Siguiendo al pie de la letra los dictados de la Ley de Contrataciones con el Estado y otras normas complementarias, la empresa constructora Ingenium fue subcontratada por el consorcio Besco-Besalco para ejecutar la obra de reconstrucción de dos locales escolares, uno ubicado en Chimbote y otro en la ciudad de Casma. Cabe precisar que la referida subcontratación se hizo en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido, del que forma parte la Autoridad Reconstrucción Con Cambio, ARCC.
Como ya lo hemos comentado en una anterior oportunidad, la reconstrucción de estos dos locales escolares se ejecutó en forma ejemplar e inobjetable. La calidad de la obra y el estricto cumplimiento de los plazos, no dejan margen a ningún tipo de observación ni reclamo. Tal y conforme lo establece el contrato, la empresa ejecutora concluyó la obra semanas antes del inicio del presente año escolar. De esa manera la población estudiantil no se ha visto afectada bajo ningún concepto.
En el mismo comentario revaloramos este hecho en vista del sinnúmero de locales escolares que no han tenido la misma suerte y cuya reconstrucción, a cargo del gobierno regional de Ancash, se halla paralizada y abandonada desde hace varios años. Producto de esta desleal gestión, millares de alumnos se han visto obligados a continuar estudiando en calidad de encargados en otros planteles de la zona. Esta triste realidad podemos constatarla a diario en Chimbote, Nuevo Chimbote, Huaraz, Caraz, Tauca, Casma, Huarmey y otras localidades.
En razón de ello, la labor que últimamente viene realizando ARCC, aquí y en otros lugares del país, ha marcado un nuevo estilo de gestión pública que hace mucho tiempo no se veía por estos lares y que ha devuelto a la población mucha de la confianza perdida en los últimos años.
Precisamente por eso, llama la atención un hecho que nadie esperaba que suceda. Como lo ha informado ayer el Diario de Chimbote, después de varios meses de haberse entregado los locales escolares de Chimbote y Casma, el programa ARCC no cumple con cancelar el saldo de la deuda que tiene con la empresa constructora. Este incumplimiento no solamente ha roto la cadena de pagos afectando a medianas y pequeñas empresas proveedoras. Bien visto, también podría tener un impacto negativo en el ámbito del acuerdo de gobierno a gobierno.
Luego del reclamo hecho público por representantes de la empresa afectada, se ha podido conocer que ARCC también habría incurrido en similar falta en la región Piura, lo que ha dado lugar a más de una inquietud.
Pues por añadidura, esto trae a colación un caso aún más delicado como el que ha sucedido con la reconstrucción del canal San Bartolo de Santa, una de las obras emblemáticas de la corrupción. Licitada en enero del 2010, la obra fue adjudicada al consorcio San Bartolo, representada en ese entonces por el ex gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa. El presupuesto fue de 17 millones de soles y el plazo de ejecución ocho meses. Aún así, dos años después la obra fue abandonada inconclusa no obstante haberse pagado por ella la suma de 37 millones, más del doble.
Lo sorprendente de todo esto es que, hallándose en proceso de investigación fiscal, la reconstrucción del canal fue concluida en forma subrepticia por el programa ARCC, justamente durante la gestión de Juan Carlos Morillo como gobernador regional, sin saberse hasta ahora cuánto costó ni quién autorizó la ejecución. ¿Fue acaso con el afán de borrar la huella del delito?. La respuesta podría estar en hecho de que la investigación fiscal involucra a cuarenta ex funcionarios del gobierno regional, entre los que figuran ¿cuándo no? César Álvarez Aguilar, Juan Carlos Morillo y el esposo de una fiscal superior.
Por lo demás, hay que tener en cuenta que el abandono del canal San Bartolo no fue consecuencia del fenómeno Niño Costero, que es la razón de ser de ARCC, salvo que en la Autoridad de Reconstrucción Con Cambio se esté produciendo ahora algún eventual recambio.