Conforme lo ha dado a conocer este medio de comunicación, un grupo de armadores artesanales y pequeños industriales pesqueros de Chimbote, multados por incurrir en una serie de faltas contra el medio ambiente y contra la propia ley de pesca, no tuvo mejor idea que acudir a la sede central del Ministerio de la Producción para solicitar, y conseguir de inmediato, la condonación de estas abultadas y cuantiosas sanciones económicas.
Mucho ha tenido que ver en la obtención de este beneficio el apoyo político que los armadores artesanales y pequeños industriales lograron por parte de algunos congresistas quienes, incluso, los acompañaron hasta la sede central de PRODUCE para tomarse la foto de rigor.
Pero también es cierto que, entre muchos otros, todavía existe un lado vulnerable en nuestra gestión pública y en el caso específico de la actividad pesquera, que suele ser aprovechado para sacarle la vuelta a la ley. Como resultado de este lado vulnerable, los funcionarios de Lima borran muchas veces con el codo lo que los funcionarios regionales escriben con la mano. Como se puede advertir, lo que hay entre los unos y los otros es un divorcio de facultades e identidad.
Pero este divorcio no solamente se aprecia entre Lima y las regiones. Dependiendo específicamente del clima y otros factores geográficos, entre las veinticuatro regiones del país también existe una gran diferencia. Por ejemplo, en lo que a condiciones marítimas se refiere, la realidad que se vive en Tacna jamás podrá ser igual a la realidad que se vive en Tumbes y viceversa. Cada región tiene sus propias características y, en función de esta particularidad, la actividad pesquera necesita ser encarada con el más absoluto realismo.
Hace unos días, los directores de las diez regiones costeras de PRODUCE han sostenido una reunión en Chimbote para exigir al Ministerio de la Producción la restitución de facultades que, no obstante haber sido delegadas por mandato de la Ley de Regionalización, inexplicablemente les han sido retiradas por decisión de la alta dirección de PRODUCE. Dos de estas facultades, consideradas álgidas y criticas, tienen que ver con el tema ambiental y el procesamiento industrial.
Para nadie es un secreto que, cada vez que los funcionarios regionales llevan a cabo una inspección y plantean una observación por el incumplimiento de estos y otros conceptos, los armadores o industriales pesqueros resuelven el problema con una llamada telefónica a Lima, y punto. La frondosidad y la incongruencia de la que adolece la actual legislación pesquera, permiten que cada quien elija y ejecute la norma legal que mejor conviene a sus intereses.
De esta manera, mientras los funcionarios de Lima desconozcan lo que realizan los funcionarios de provincias, las direcciones regionales de PRODUCE se mantendrán atadas de manos, como si estuvieran pintadas en la pared.