Digno de ripley:
Una demostración cabal de la seria crisis que atraviesa el Ministerio Público del Santa se ha podido apreciar en el expediente judicial 1223- 2015 donde se investiga a un grupo de personas, una de las cuales purga carcelería, que quisieron apropiarse de una vivienda perteneciente a la Sub Región El Pacífico, utilizando documentos falsos y mediante un procedimiento vedado a nivel administrativo.
En esta carpeta fiscal, desde el pasado viernes 17 de junio en que se programó la audiencia de control de acusación, hasta la fecha, no ha podido concluir con esta diligencia, que en otros Juzgados puede demorar máximo cuatro horas, por una serie de discrepancias y falencias por parte de los Fiscales a cargo del caso y la benevolencia y pasividad del Juez de Investigación Preparatoria Jorge Chávez Tamariz que no defiende su proceso.
En la última audiencia del pasado 10 de octubre, la continuación de la audiencia de control de acusación (el control formal ya concluyó y solo resta realizar el control sustancial de la acusación), se tuvo que reprogramar porque el Fiscal Wilfredo Delgado Flores, integrante de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa señaló que la acusación no estaba bien fundamentada.
Es decir, el propio representante del Ministerio Público que integra una Fiscalía Corporativa compuesta por hasta 4 Fiscales Provinciales, admitió ante el Juez de la causa que tenía que reprogramarse la diligencia para que el Fiscal responsable de la acusación, que no estaba presente, sustente su acusación, ya que en su opinión, la misma no estaba bien fundamentada.
Este sorpresivo pronunciamiento dejó con la boca abierta a todas las partes procesales, pero fue la abogada Elsa Rachumí Méndez, defensora de Gladys Taboada Castillo, una de las agraviadas a quien le falsificaron su firma; quien protestó airadamente porque asumió esta postura como una forma de dilatar el proceso, sin embargo, el Juez Jorge Chávez Tamariz, decidió finalmente reprogramar la audiencia para el viernes 11 de noviembre.
En esta investigación, el Ministerio Público acusó a dos exfuncionarios públicos y un presunto testaferro, de pretender apropiarse de una vivienda de propiedad de la Sub Región El Pacífico, ubicada en el distrito de Nuevo Chimbote, para lo cual falsificaron diversos documentos y festinaron trámites en la Municipalidad Provincial del Santa para lograr su cometido, antes que fueran descubiertos.
El requerimiento acusatorio está dirigido contra Yony Rhoel Benites Saldaña, ex funcionario de la Sub Región El Pacífico y preso en el Penal de Cambio Puente por el sonado caso de la Desratización (5 años de prisión efectiva), su presunto testaferro Frank Davis Valentín Pinedo y la ex funcionaria de la Municipalidad Provincial del Santa, arquitecta Miriam Pérez Poémape.
A los dos primeros los acusó de la comisión del delito de falsificación de documentos, solicitando para ambos una pena privativa de la libertad de 2 años 8 meses en su contra; mientras que en el caso de la arquitecta Miriam Pérez Poémape la acusó de la comisión del delito de omisión de actos funcionales y solicitó una pena privativa de la libertad de 8 meses con 2 días.
Además, la Fiscalía ha solicitado que se les imponga una reparación civil solidaria de 10 mil soles y el pago de 180 días multas, en agravio de Gladys Taboada Castillo, la Sub región El Pacífico y la Municipalidad Provincial del Santa.