El Ministerio Público ha conseguido un significativo avance en dos procesos denominados emblemáticos y en los cuales la ciudadanía está a la espera que se identifique a los autores materiales e intelectuales de dos crímenes que causaron conmoción.
Se trata de las investigaciones que se realizan en torno del asesinato del alcalde de Casma, José Montalván Macedo, ocurrido en diciembre del año 2012 y del doble crimen perpetrado en Huacatambo, en donde fueron ultimados el alcalde de Samanco Francisco Ariza Espinoza y su abogado Henry Aldea Correa, quien en ese momento lo acompañaba porque salían de una diligencia.
En el primer caso, la Fiscalía de Crimen organizado realizó la semana pasada una diligencia de inspección en lo alto del Cerro “La Virgen” en la vecina localidad de casma en donde se ubica una caseta de propiedad de la Municipalidad Provincial de Casma, en la cual se hace vigilancia a una antena de telefonía.
Ocurre que desde este lugar se divisa claramente la Urbanización “Fray Martin”, en donde fue asesinado el alcalde José Montalván y, de acuerdo a la versión de un testigo que viene colaborando con las autoridades, desde allí un servidor edil se habría prestado a informar los movimientos del alcalde, específicamente, el momento en que llegaba a su domicilio.
El representante del Ministerio Público y agentes de investigación policial confirmaron que desde lo alto de este cerro se aprecia efectivamente el lugar del crimen, por lo que es cierto que desde allí se haya proporcionado información que, luego, fue entregada a los sicarios para que puedan perpetrar el crimen.
El aviso de un trabajador municipal de la llegada de Montalván Macedo fue clave para que se concrete el alevoso crimen, por lo que el testimonio encaja perfectamente a los hechos y la vinculación que tiene este dato a gente de la propia Municipalidad, con el entonces ex teniente alcalde Rommel Meza Cerna que luego sucedió al asesinado burgomaestre, viene a cerrar una hipótesis policial que sustenta los cargos que se formulan contra los investigados.
Hasta donde se sabe existe un trabajador municipal que ha sido citado por las autoridades y quien, para salvar su responsabilidad, deberá revelar quienes le exigieron que informe sobre los movimientos del asesinado alcalde, de esta manera, se fortalecerá los cargos delictivos que se han formulado hasta el momento.
Mientras esto ocurre con la investigación del crimen del alcalde de Casma, en la pesquisa que realiza también el Ministerio Público por el doble crimen perpetrado en Huacatambo, en donde asesinaron cruelmente al alcalde de Samanco Francisco Espinoza y el abogado Henry Aldea, se han hallado también importantes indicios que permiten a los juzgadores seguir acumulando pruebas contra los verdaderos promotores de este atentado.
Ocurre que el hermano materno del abogado Carlos Bazán Castro ha deslindado responsabilidades entorno al uso de un teléfono celular registrado a su nombre y que fue utilizado para planificar y concretar el crimen, es el equipo de comunicación con el cual hacía contacto el delincuente Marco Vásquez Julca (a) “Chileno” antes, durante y después del 20 de octubre del año pasado.
Eduardo Loli Castro ha remitido un escrito a la Fiscalía especializada a cargo de esta investigación solicitando se amplíe su declaración testimonial y advirtiendo la naturaleza de la propiedad de dicho equipo de comunicación, un aporte que evidentemente busca que deslindar su posición ante las autoridades.
Ello porque a través del levantamiento del secreto telefónico se ha podido establecer que el humero de teléfono celular con el cual se comunicaba permanentemente Vásquez Julca figura en la compañía telefónica a su nombre, de tal suerte que este hecho podría vincularlo con el atentado, por ello es que ha decidido confiar a las autoridades quien es el verdadero dueño de ese equipo.
Loli Castro ha precisado que si bien el equipo telefónico figura a su nombre, quien lo utilizó siempre es su hermano materno Carlos Bazán Castro, es decir, el ahogado de Jaime Casana Escobedo y el engranaje con el empresario Carlos León Milla que habrían planificado estos crímenes con la finalidad de quedarse frente al manejo del Municipio de Samanco, justamente, los mismos personajes que están involucrados en el crimen del alcalde de Casma José Montalván Macedo y que con dicho crimen pudieron tomar el poder de ese municipio y manejarlo a sus anchas para enriquecerse.
Las piezas van encajando y esta revelación no es producto del azar, por el contrario, es consecuencia del avance lento pero efectivo de las investigaciones, pues se pudo conocer de la existencia de este teléfono gracias al testimonio del detenido Aryrton Casahuaman, quien caminaba junto a Vásquez Julca y por ello pudo revelar que este se comunicaba constantemente con una persona a la que daba cuenta del avance de la captación y los movimientos de los sicarios que dieron muerte al alcalde.
En la medida que este investigado, quien se entregó a las autoridades estando prófugo en Chile, dio a conocer esta valiosa información, al hermano materno del abogado no le quedó otro camino que decir la verdad, deslindar la propiedad del equipo telefónico y por ello se sabe ahora que fue Carlos Bazán quien se comunicaba con Vásquez Julca y, precisamente, de ese número salió la llamada previa avisando que el alcalde y el abogado habían salido de la Fiscalía de Nepeña y se dirigían al punto del atentado.
Es importante que las autoridades acopien pruebas reveladoras y contundentes en relación a estos dos hechos criminales que conmocionaron nuestra ciudad, de esta manera por fin se está consolidando los cargos que se formularon contra los investigados, se cierra el círculo y se confirma lo que muchos ya sabían, que el ex regidor de Casma Rommel Meza estuvo detrás del crimen de su antecesor José Montalván Macedo y que el ex alcalde de Samanco Jaime Casana y su abogado Carlos Bazán fueron los verdaderos promotores del alevoso doble crimen registrado en Nepeña. Esto un incuestionable avance dentro de la investigación y permitirá a las autoridades sancionar a los miserables que acabaron con la vida de las autoridades con la única finalidad de manejar los recursos de los municipios para su propio beneficio.