No es ninguna novedad pero lo cierto es que el tema se mantiene en la cresta de la ola. Según el último informe difundido por el Portal de Transparencia Económica del ministerio de Economía y Finanzas, cuando falta únicamente dos meses para finalizar la presente gestión, el gobierno regional de Ancash y las diversas municipalidades de la región solo han ejecutado, en promedio, el 29.4% del presupuesto destinado para la ejecución de obras públicas. Ni siquiera la tercera parte. Como para no perder la costumbre, el mismo desbalance porcentual se observa con el uso de las millonarias transferencias por concepto de canon, sobre canon y regalías mineras que estas instituciones reciben año tras año.
En situaciones como ésta, cualquiera podría llegar a la conclusión que la región Ancash no necesita dinero o que la población está feliz con lo que tiene y que la solución de sus problemas y necesidades bien pueden seguir esperando por sécula seculorum. La verdad, sin embargo, es que, debido a la falta de capacidad de gestión de estos organismos, los ancashinos no estamos viviendo en el país de las maravillas sino en un mar agitado por el torbellino de la incapacidad.
Pero hay algo más. El mismo informe hace referencia a un tema que en este momento es una espina clavada en el corazón de Chimbote. La tan esperada construcción del nuevo hospital La Caleta dispone de un presupuesto de 183 millones 839 mil soles, pero aún así la obra no puede ni siquiera ser puesta en licitación porque el expediente técnico aún no ha sido aprobado. Si en los próximos dos meses no se logra esta aprobación, ese dinero bien puede quedar congelado o revertir a las arcas del estado en tanto que la construcción del Hospital de los Pobres tendría esperar uno o tal vez dos años más. Con éste ya van diez años en ese plan.
Es de suponer que con todo lo que ha sucedido y aún viene sucediendo en el ámbito de la región Ancash, hoy más que nunca los funcionarios del MEF necesitan, primero, verificar la confiabilidad del respectivo expediente técnico para recién autorizar la transferencia presupuestal. Antes, no.
Pues ya ha corrido mucha agua bajo el puente con obras que han quedado paralizadas tras comprobarse que los expedientes técnicos son inconsistentes y, por lo tanto, inejecutables. No es entonces que no exista dinero. Lo que no existe es capacidad de gestión para invertirlo.
Por decir lo menos, son incontables los centros de salud, instituciones educativas y obras de desarrollo urbano que se encuentran a medio ejecutar, precisamente por causa de esta incapacidad.
Lo ocurrido con el hospital El Progreso es un ejemplo. Después de seis meses de haberse iniciado su ejecución, se puedo conocer que la obra se encontraba totalmente paralizada con apenas el 9% de avance. Quienes elaboraron el expediente técnico no habían considerado la instalación de aisladores sísmicos, que ahora son dispositivos básicos para garantizar la seguridad integral de este tipo de establecimientos. ¿Por qué no se advirtió esta deficiencia antes de firmar el contrato y recibir el adelanto?
La misma suerte han corrido otras obras como la reconstrucción del colegio Santo Domingo de Guzmán del distrito de Tauca, la avenida Costanera, el puente peatonal frente al mercado La Perla, la avenida Brea y Pariñas, la ciclovía de la avenida Pardo y el mismo bulevar Isla Blanca, entre muchas más. La lista de obras paralizadas es larga y la situación no es para sonreír. Es para ponerse a llorar.
Por todo lo que estamos viendo en estos últimos años, con cada obra paralizada no pierde la empresa contratista. Por lo general los empresarios se victimizan e incluso apelan a la figura del arbitraje para solicitar al organismo ejecutor el pago de “daños y perjuicios”. Al final quien pierde es la población; de ahí que ya es tiempo que alguien acabe con el calvario de los expedientes técnicos mal elaborados.