SIN SENTIDO
Pese a que se había advertido que era una pérdida de tiempo porque la suspensión de Waldo Ríos no solo estaba sancionada por el Consejo Regional de Ancash sino, fundamentalmente, por el Jurado Nacional de Elecciones sin necesidad que exista previamente acuerdo de consejo regional, los consejeros perdieron el tiempo anteayer jueves discutiendo el pedido de reconsideración que presentó la defensa de Waldo Ríos. Cuando bien pudieron desestimar este pedido por haberse presentado de manera extemporánea, el consejero delegado decidió darle trámite e incluirlo en la agenda de la sesión del último Jueves, lo que generó controversia entre la mayoría de representantes en la medida que la ley es clara cuando señala los plazos para admitir los recursos y en el caso del pedido de Waldo Ríos había llegado con más de cuatro días de retraso. Incluso, su sola admisión en la orden del día permitió que el abogado de Waldo Ríos reclame el ejercicio al derecho a la defensa y alegue que no se presentó la reconsideración a tiempo porque el notario público notificó a otro abogado y no a él. Bueno, toda la prensa sabe que la notificación no solo se llevó al abogado, sino que se hizo penalmente en el Penal de Huaraz, por lo que se entiende que el suspendido gobernador tuvo pleno y absoluto conocimiento de esta medida de suspensión y solo se animó a plantear alguna impugnación cuando ya era demasiado tarde. Si se analiza las cosas con cabeza fría, se llegará a la conclusión que este debate no tiene sentido alguno, de nada valdría, por ejemplo, un acuerdo en contrario del consejo regional porque la suspensión, en este caso específico, la sancionó “de oficio” el Jurado Nacional de Elecciones en virtud de la aplicación de una jurisprudencia vinculante que autoriza al organismo electoral a proceder a dictar la suspensión con el mérito de las copias certificadas que le remita la instancia judicial que ha dictado el fallo que priva de la libertad de una autoridad elegida en comicios electorales. Más claro ni el agua.
VENTAJA
A propósito de la última sesión del consejo regional de Áncash, es evidente que el proyecto de construcción del nuevo hospital de salud en Huaraz le ha sacado ventaja al proyecto del nuevo hospital La Caleta. Ello porque en la última sesión, en voto por unanimidad, el consejo regional aprobó la transferencia, vía donación, de un terreno de cuatro hectáreas debidamente saneado en favor del Ministerio de Salud. Con solo este acuerdo el Ministerio de Salud ya debe haber aprobado la elaboración de los estudios de pre inversión. Mientras ello ocurre en Huaraz, en Chimbote aún no se tiene un consenso respecto al terreno en donde debe levantarse el nuevo hospital, se supone que la prioridad la tiene el terreno del P.J. Dos de Mayo, el mismo que ya cuenta con el visto bueno de las partes y la aceptación por parte del Municipio Provincial para adquirirlo y recibir en permuta el predio de La Caleta en donde se ubica a la fecha. Sin embargo, han surgido nuevas propuestas que dejan mucho que pensar, como son los terrenos donde se ubican el estadio Manuel Gómez Arellano y el coliseo Paul Harris que son de propiedad municipal y en los cuales la infraestructura deportiva ya está deteriorada e inservible, o, el terreno donde antes se estableció el campamento de la Guardia Republicana, a un costado del vivero forestal, los cuales a diferencia de aquel de Dos de Mayo cuentan con saneamiento, lo que es muy importante.
BANQUILLO
Aun cuando ya se encuentra más seguro en el cargo y ha comenzado a afianzarse en los nombramientos y en sus desplazamientos para establecer contacto con el ejecutivo, como su participación en el último GOIRE Ejecutivo, el Gobernador provisional Enrique Vargas Barrenechea aún no tiene todo el camino despejado y es indudable que se verá en serios aprietos con la justicia, como ha ocurrido con su antecesor. Por lo menos, ya tiene fijada fecha y hora para que comience a padecer las penurias del paso por el banquillo de los acusados y es que para el próximo 05 de diciembre se ha fijado la primera audiencia en la que se debe iniciar el juicio oral contra Enrique Vargas por presunto delito de falsificación. Como se recuerda, cuando accedió al cargo por vez primera, en enero del año pasado, Vargas fue denunciado porque tras revisarse su hoja de vida se detectó que no era cierto que había estudiado en un instituto de chile para obtener el grado de chef, no habiéndose absuelto satisfactoriamente los cuestionamientos expuestos por el Fiscal y por esa razón se le acusó y ahora se deberá deslindar los cargos en el juicio oral. Si las cosas siguen así el gobernador provisional podría verse en medio de una sentencia que lo descalifique para seguir al frente del cargo, en ese hipotético y difícil escenario, lo que cabría es que uno de los consejeros, que en estas semanas debe ser designado como vice gobernador, podría ser el que finalmente termine manejando el cargo del gobierno regional, increíble pero cierto.