Por: Víctor Andrés Ponce (*)
El Perú necesita una clase política que se libere de la colonización ideológica del progresismo, que la lleva a compartir todas las estrategias de demonización de la empresa privada que suele desarrollar el colectivismo. Uno de esos lugares comunes es considerar que la inversión privada en educación y salud es nociva porque “pone por delante el lucro antes que el interés social de la gente”. Únicamente basta recordar que todos los países que han alcanzado el bienestar en educación y salud lo han hecho a través de una estrecha colaboración entre el sector público y privado.
Analicemos, por ejemplo, el caso de la educación. Si en la educación básica un tercio de la matrícula es atendida por el sector privado y los dos tercios restantes por el público, ¿cómo se puede imaginar esta realidad sin los colegios privados? Si en el Perú existen más de ocho millones de alumnos en educación básica, entonces, estamos hablando de cerca de 2.7 millones en escuelas privadas. En la educación superior, las cosas son más complicadas. Dos tercios de la matrícula es atendida por el sector privado, mientras que un tercio corresponde a la universidad pública. ¿Alguien, pues, podría imaginar una reforma de la educación en el país sin considerar el gigantesco aporte del sector privado? Parece imposible.
Según el estudio Estudio de contribución económica de la educación privada en el Perú, de Apoyo y Consultoría, el aporte del sector privado a la educación en el Perú representa más de S/ 20,000 millones. Si se estatizaran los claustros privados el Estado tendría que aumentar al actual presupuesto de educación –que sobrepasa los S/ 35,000 millones– en alrededor del 60%. ¿Cómo se consiguen esos recursos en un Estado que necesita focalizar la inversión social en los sectores más necesitados? Nadie, pues, puede hablar seriamente del futuro de la educación en el país sin considerar el aporte privado.
Algo muy importante. El argumento sobre el lucro de los promotores privados se desmorona rápidamente cuando en el mencionado estudio de Apoyo y Consultoría se establece que el 73% de los alumnos de los centros privados proviene de los sectores C, D y E.
El mismo argumento del lucro se utiliza para demonizar la inversión privada en el sector de la salud. Por ejemplo, durante la administración Vizcarra se pretendió culpar a las clínicas privadas de la falta de camas UCI para atender a los pacientes graves de Covid. El Gobierno buscaba ocultar su irresponsabilidad de no haber elaborado un plan preventivo para enfrentar la pandemia. La campaña contra las clínicas privadas se desarrolló a pesar de que las clínicas solo atendían al 5% de la población. Una barbarie para ocultar el desastre sanitario del Gobierno de Vizcarra, que causó cerca de 200,000 muertes por la imprevisión y la negligencia.
Algo parecido se pretendió hacer en el caso de las farmacias. No obstante que el Estado, a través de las farmacias del Ministerio de Salud, de Essalud y las de la policía nacional (PNP), controla el 80% de la oferta de medicamentos, y las farmacias privadas apenas el 20%, se pretendió culpar al sector privado de la falta de genéricos para atender el Covid. Sucede que, ante la imprevisión e irresponsabilidad del Estado, en el sector privado el stock de genéricos contra el Covid se agotó en apenas unas semanas. En este contexto solo quedaron los medicamentos de marca; es decir, los más caros. Unos días después, más rápido que el Estado, las farmacias privadas repusieron el stock de genéricos.
El Gobierno de Vizcarra utilizó este hecho para intentar demonizar a las farmacias privadas y ocultar el desastre estatal en la gestión de la pandemia. Queda claro entonces que, en el abastecimiento de genéricos, durante la pandemia tuvieron mucho que ver las farmacias privadas, a pesar de solo representar una quinta parte de la oferta total.
Por todas estas consideraciones, necesitamos una clase política que entienda la enorme importancia del sector privado en la educación y salud, y que establezca las relaciones entre inversión privada, crecimiento, empleo y preservación de las libertades y la institucionalidad.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)