¿Cuándo había visto alguno de nuestros lectores a una juez, abogados y fiscales participando en una audiencia judicial en la vía pública? Es evidente que la respuesta es “nunca”, sin embargo, la semana pasada los chimbotanos debimos observar un lamentable episodio cuando las autoridades judiciales y las partes de un juicio debieron reunirse en una esquina y tomar acuerdos para levantar un acta que impida el quiebre de un juicio.
Todo ello fue consecuencia de la huelga indefinida que llevan a cabo desde hace ya más de un mes los trabajadores del Poder Judicial, quienes inicialmente reclamaron la aplicación de una escala remunerativa que no solo le permita mejorar sus estipendios sino que aquella sea pensionable y tenga incidencia en sus beneficios sociales a futuro.
Las huelgas judiciales suelen decretarse los últimos días del mes de Octubre o Noviembre de cada año, pues coinciden siempre con las semanas previas del debate del presupuesto público del año siguiente en el congreso de la república, de tal suerte que se trata de instrumentos de presión a efectos de influenciar en el ánimo de los legisladores cuyo objetivo es que otorguen las líneas presupuestales necesarias para que se cumplan sus requerimientos salariales.
Por ello es que este año volvieron a arremeter con una paralización inicialmente escalonada y luego con una paralización indefinida, sin embargo, la protesta ha ingresado en un remolino que no tiene cuando terminar porque no existe decisión del Ejecutivo en acceder a las demandas de los servidores judiciales.
En efecto, primero ha sido el congreso el que pateó el tablero de las demandas judiciales, las cuales estaban plasmadas en el pliego presupuestal sectorial presentado por el Presidente del Poder Judicial y sustentado ante la comisión de economía y presupuesto del Parlamento Nacional, el mismo que no consiguió persuadir a los legisladores por las cifras incrementadas para el año próximo.
Por ello es que esgrimiendo la enorme tijera que tienen los congresistas en esta clase de debates, decidieron recortar los montos solicitados y se aprobó el presupuesto reservando únicamente un bono a favor de los trabajadores a cancelarse en tres cuotas y cuyo monto debería establecerse a nivel de cada repartición teniendo en cuenta sus propias existencias.
Hasta allí todo indicaba que la huelga iba a concluir, inclusive, ante la resignación de los trabajadores por no haber obtenido la esperada escala remunerativa, por lo que sostuvieron conversaciones con la presidencia y gerencia del Poder Judicial y plantearon el pago de un bono de 12 mil soles pagadero en tres armadas, la primera este mismo mes de diciembre, la segunda en Abril y la tercera en Octubre del año próximo.
En el mismo plan estuvieron los servidores del Ministerio Público que en ese ínterin iniciaron su huelga indefinida para reclamar el mismo derecho, llegando a concertar con el Fiscal de la Nación un bono de 9 mil soles a cancelarse en tres armadas.
Para cualquier cristiano era evidente que montos de ese calibre no podrían ser aprobados por el gobierno central y en efecto el Ministerio de Economía no solo le bajó el dedo a la propuesta sino que comunicó que los tres bonos que podrían cancelarse eran de 400 nuevos soles, es decir, 1,200 soles en total.
La propuesta ha sido rechazada y la contrapropuesta, es decir una nueva oferta de tres mil soles a razón de mil soles por cada bono, también ha sido descalificada por los trabajadores que han decidido radicalizar sus medidas de fuerza y anuncian, nuevamente, una posición infranqueable ante las pretensiones de poner en marcha diligencias judiciales y actuaciones fiscales en sus sedes principales de la avenida pardo.
Esto significa que, así como lo hicieron la semana pasada los trabajadores judiciales, obligando a los jueces a tener que llevar adelante dos audiencias en plena vía pública., volverán a bloquear las puertas de acceso al recinto judicial y no permitirán el ingreso de los magistrados.
Esto mismo hicieron el último viernes los trabajadores del Ministerio Público dejando a los fiscales en la calle y permitiendo el ingreso únicamente el paso de aquellos que se encontraban de turno, una actitud intolerante que tienen visos de ilegalidad y que tendrán que ser materia de una denuncia penal.
Decimos ello porque si bien constitucionalmente los trabajadores de la Corte del Santa y del Ministerio Público de Chimbote tienen absoluto derecho a paralizar sus labores y emprender una huelga exponiendo el pago de sus remuneraciones, a lo que no tienen derecho a es impedir que otras personas tengan libre acceso al recinto judicial y fiscal en la medida que se trata de entidades públicas que prestan un servicio de justicia y cualquiera tiene derecho de ingresar para realizar trámites diversos.
No se puede olvidar que los jueces no se encuentran en huelga, es decir., que están despachando en sus oficinas, por lo tanto, los abogados y justiciables pueden solicitar ser escuchados y atendidos en sus requerimientos y eso nadie, ni aun cuando se alegue cualquier derecho en el mundo, puede evitarlo cerrándole las puertas del Palacio Judicial.
Impedir el ingreso del público y los abogados a los recintos judiciales y fiscales es un acto ilícito y esto lo ha advertido la semana pasada la comisionada de la Defensoría del Pueblo, nadie pretende amenazar a los dirigentes de los sindicatos de servidores del Poder Judicial y del Ministerio Público, lo único que se hace es recordarles que si quieren hacer su huelga la materialicen de cualquier manera siempre y cuando no afecten los derechos de los demás.
Tampoco se puede olvidar que los trabajadores judiciales se comprometieron ante el presidente de la Corte del Santa a permitir el desarrollo de los procesos con reos en cárcel y de los juicios denominados emblemáticos, sin embargo, al ya no permitir esto están echando por tierra sus propios compromisos y dejan sentado un peligroso precedente que demuestra que su palabra no vale nada.
Esperemos que el prolongado conflicto que mantienen los trabajadores judiciales se resuelva lo más pronto posible, ya algunas sedes judiciales están dispuestas a levantar la medida de fuerza y por ello es que la dirigencia nacional ha dejado en libertad que cada base sindical tome su decisión. El bono ya no crecerá más, la palabra la tienen los trabajadores.