CABALLERO
Los trabajadores judiciales obraron de manera apresurada anteayer por la tarde cuando acordaron, por mandato mayoritario de la asamblea, impedir que la presidencia de la Corte del Santa disponga el pago de los certificados de depósitos que corresponden a las alimentistas, a los pensionistas y todo cuanto debe hacer efectivo u cobro por la vía judicial y cuyos montos se encuentran empantanados en un expediente que no se tramita por la huelga de los trabajadores. Craso error de un gremio que debería demandar el apoyo no solo de quienes trabajan con ellos, como los magistrados y el titular de la Corte, sino de la población en general que ha visto con muy malos ojos esta actitud cargada de insensibilidad por parte de los servidores judiciales, mucho peor aun cuando era de dominio público que ellos sí permitieron que trabajadores ingresen a tramitar las planillas para que les paguen el mes de diciembre y la gratificación de fin de año a pesar que no han laborado por esta medida de protesta. Cuando una persona o una institución no es coherente entre lo que dice y lo que hace pierde credibilidad y los servidores judiciales, mal que les pese, cayeron en este escenario por una decisión realmente absurda. Ayer el Presidente de la Corte ordenó que se abrieran las puertas y contrataron a una abogada para que se tramiten los pagos judiciales que están en los expedientes y los cuales están en manos de los jueces que no están haciendo huelga. Frente a la decidida actitud del titular de la Corte los trabajadores recién accedieron a que una servidora auxiliar se sume a este trabajo y señalaron que han permitido el ingreso de las mujeres y pensionistas para el cobro de los certificados judiciales. Claro, no les quedaba otro camino, caballero no más, les dijeron algunos.
IMPUNIDAD
Hasta el momento en la Policía no superan la tremenda contrariedad que les generó la medida del juez Javier Carrión Bassauri al disponer la liberación de los tres últimos detenidos por el robo de un tráiler con una carga de más de un millón de soles, un delito que ciertamente es sumamente grave. Y, es que los policías consideran que el trabajo de seguimiento y el despliegue que hicieron para sorprender a los maleantes “in fraganti” no ha servido absolutamente de nada y los responsables del ocultamiento y la receptación de una mercadería robada, al margen de la responsabilidad que pueden tener en el asalto, gana rápidamente la calle. El magistrado ha señalado que existe deficiencia en la investigación, sin embargo, aun cuando esto fuera cierto ¿Qué le decimos a los pobladores que han sido testigos que un grupo de personas sorprendidas ocultando una valiosa mercadería en un corralón y en horas de la noche, salen libremente y quedan sujetos solo a un mandato de comparecencia?. El antecedente es muy negativo porque siendo las cosas así cualquiera puede prestarse a esta clase de acciones delincuenciales a sabiendas que solo recibirían un mandato de comparecencia. Nos imaginamos que la instancia superior evaluará este tema con más cuidado, no se puede dejar un precedente tan funesto como este cuando hay una intervención efectiva y un delito flagrante.
ONAGI
La dependencia creada en el gobierno anterior, bajo la nomenclatura de Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI), desde la cual se hizo manejos sumamente cuestionados, como en el tema de las donaciones, ya pasó a mejor vida. Mediante el decreto legislativo 1266 se promulga la nueva ley de organización y funciones del Ministerio del Interior y deja sin efecto la creación de semejante dependencia que la absorberá otra oficina del mismo portafolio. Como se recuerda esta ONAGI, cuya primera Jefe fue la ex congresista Nena Escalante León, se encargó de nombrar a los prefectos y subprefectos, para dorar la píldora les dieron el nombrecito ese de gobernadores y desde allí se manipuló el aparato de proselitismo del gobierno humalista, tanto así que los entonces gobernadores se convirtieron en la portátil del jefe de estado y eran convocados a la capital de la república para llenar el patio principal de Palacio de Gobierno. Estos tiempos ya quedaron atrás, ahora las subprefecturas pasarán a formar parte de la oficina de Orden Interno y lo que espera de ella es que, como su nombre lo indica, ponga orden en las dependencias que representan a la autoridad política, es decir, representan a la figura del Jefe de estado y deben estar bien representadas. Esperemos que la nueva norma, dictada al amparo de las facultades delegadas que otorgó el gobierno resulte beneficiosa para los objetivos de las subprefecturas.