¡Cuándo no, Ancash!
Solo en el año 2022, más de 320 funcionarios que laboran en diversas municipalidades y organismos públicos de la región Ancash, han sido denunciados por la Contraloría General de la República por haber participado en malos manejos que han ocasionado un perjuicio económico en agravio del estado del orden de 49 millones de soles. Es decir, un promedio de 4 millones al mes, dinero que bien pudo haber servido para la ejecución de muchas obras y servicios a favor de la población pero que, lastimosamente, no se sabe a qué manos han ido a parar.
El mal manejo del presupuesto público al que se refieren los informes de la Contraloría que son noticia cotidiana, ponen de manifiesto una amplia gama de modalidades que estos malos funcionarios emplean para sacarle la vuelta a las normas técnicas y legales de control estatal. Se dice que ahora existen expertos en la práctica de estas malas artes. Todo comienza con la elaboración del expediente técnico, que ahora es algo así como la madre del cordero.
En casi todos sus informes, la Contraloría advierte que por lo general este documento está plagado de garrafales incongruencias entre el dicho y el hecho. Lo cierto es que, a pesar de ello, las instituciones u organismos ejecutores no solamente aprueban el expediente a ojos cerrados, sino también firman el contrato de obra, otorgan el respectivo adelanto pero, después del brindis de la primera piedra, recién se advierte que el expediente no coincide con el proyecto de la obra. De ahí que ésta queda paralizada a los pocos días de haberse iniciado, obligando a una inevitable ampliación de plazo y presupuesto, que por lo general termina con el otorgamiento concertado de los ahora famosos adicionales. Esta es una historia de la vida real que está detrás de cada obra paralizada e inconclusa o de aquellas que ha quedado solo en primera piedra.
La Contraloría General de la República ha retomado facultades para denunciar y sancionar este delito en agravio del estado, administrativamente los casos de corrupción. El papel para las denuncias recaen en el Procurador Anticorrupción, quien debe tomar los informes y denunciar al Ministerio Público, todas las recomendaciones que se realizan en los informes del órgano de control.
Con los 49 millones de soles que durante el 2022 han ido a parar a manos de la corrupción, se han podido hacer muchas cosas que, a su vez, hubieran permitido mejorar considerablemente la infraestructura urbana de Chimbote y elevar la calidad de vida de la población. Si nada de esto ha sucedido es porque la región Ancash aún se mantiene como una de las más grandes vitrinas de la corrupción.