El “arreglo” al que llegaron el ex alcalde de la municipalidad provincial de Casma Luis Alarcón Llana y el empresario Hipólito Ochoa Rosales para la ejecución de una obra de defensa ribereña que en el momento de su inicio no estaba aprobada ni tampoco contaba con expediente técnico y que causó un perjuicio económico de S/ 1´118, 430.00, es una falta calificada como colusión simple, aparentemente sin mayores consecuencias penales y que posiblemente termine siendo archivada.
Así se desprende de las conclusiones a las que ha arribado el fiscal Alejandro Gayoso Ascencio, quien ha tenido a su cargo la investigación de este escandaloso caso que fue puesto en conocimiento de las autoridades por la Contraloría General de la República; un hecho del que hemos dado amplia cobertura en nuestras ediciones de ayer y anteayer.
La Contraloría General de la República ha dejado plenamente establecido que, en el momento en que la municipalidad provincial de Casma inició la ejecución de la millonaria obra de defensa ribereña, ésta no se hallaba registrada en el SEACE ni contaba con el respectivo expediente técnico, por tanto se trataba de una obra virtualmente fantasma.
Por otro lado, en declaraciones brindadas a este diario, uno de los regidores de esa gestión edil manifestó que la obra se ejecutó sin conocimiento ni autorización del consejo municipal; lo que agrava aún más la situación. No se entiende por eso cómo es que el ex alcalde Alarcón Llana y los seis funcionarios que han resultado comprometidos, hayan conseguido salirse con la suya, ejecutando una obra bajo semejantes condiciones.
Es más. Tal como lo ha revelado el informe de Contraloría, en un primer momento la obra comenzó a ejecutarse bajo la modalidad de administración directa, lo que supone que la municipalidad asumió la ejecución con sus propios recursos, tanto humanos como materiales, incluyendo equipos y maquinaria, todo eso sin la intervención de terceros. Pero, como también ha quedado establecido, luego se cambió a la modalidad de contratación directa con el inocultable afán de favorecer al empresario Hipólito Ochoa Rosales, amigo personal del alcalde Alarcón Llana.
Cabe señalar asimismo que en el Registro Nacional de Proveedores, el empresario Ochoa aparece como proveedor de bienes y servicios y no como contratista de obras de tal envergadura. Aún así, toda la documentación que en su momento manejó la municipalidad de Casma se hizo y se aprobó para favorecerlo.
Finalmente, como también es de amplio conocimiento, fue el gobierno regional de Ancash quien debió asumir, con todas las de la ley, la ejecución de esta obra de defensa. Esto conllevó a que se tenga que demoler todo lo que la municipalidad provincial de Casma había avanzado hasta ese momento, ocasionado un perjuicio económico al Estado de S/ 1´118,430.00. A todo ello habría que añadir el daño adicional, en cuanto a riesgo de desastres se refiere, que representa para la población la ejecución de obras como la realizada por el ex alcalde de la municipalidad provincial de Casma.
¿Puede considerarse como colusión simple a todo este mejunje y todo el daño ocasionado? Aquí no somos quién para dar la respuesta y acertar con la calificación correcta. Tendrán que ser los fiscales y los jueces encargados de administrar justicia, quienes pongan los puntos sobre la íes.