Fraude fue de 2 millones de soles:
• Fiscalía concluye investigación preliminar y decide continuar la investigación preparatoria por 8 meses.
• Están incluidos el exgerente de la Sub Región Juan Carlos Gallo Zegarra y otros exfuncionarios “comandos”.
Juan Carlos Gallo Zegarra, empieza a pasarle factuar su gestión en Sub Región.
El 30 de junio del año 2015, la Fiscalía Anticorrupción del Santa abrió investigación preliminar por una serie de irregularidades en el proyecto de “Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y dotación de tres vehículos de transporte camioneta rural- combi para los Juzgados de Huarmey, Casma y Nuevo Chimbote” que ejecutó la Sub Región El Pacífico; 17 meses después, con fecha 14 de diciembre del año 2016, el representante del Ministerio Público ha formalizado investigación preparatoria y lo ha declarado complejo, lo que significa que necesitará ocho meses más para seguir buscando pruebas.
La disposición fiscal Nº 04 ha ordenado formalizar y continuar investigación preparatoria en contra del ex gerente de la Sub Región El Pacífico, Juan Carlos Gallo Zegarra y sus exfuncionarios Giovani Alfonso Montoya Siles, Luis Alberto Ponce Díaz, Milton Carlos Meléndez Luján, Pepe Wilmer Jara Delgado, como autores de la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y peculado agravado.
Además, ha formalizado investigación contra el exfuncionario Elipido Edgar Palomino Bojorquez, la empresaria Leydi Romayna Romero, representante de la empresa ejecutora Consorcio Jurídico y los ingenieros Sergio Larry Díaz Díaz (residente de la obra), Willar Augusto Cerna Altamirano (supervisor de la obra) como presuntos cómplices del delito de colusión agravada y contra los exfuncionarios Ney Frank Córdova Salinas, Alex Janio Alegre Colonia y los consultores Mauro Núnez Romero y Walter Alfredo Botello Alva por el delito de peculado agravado.
A todos ellos, se les acusa de haberse coludido para generar un desfalco de más de 2 millones de nuevos soles que se pagó a la empresa Consorcio Jurídico por partidas presupuestales que jamás se ejecutaron, además de otros pagos por servicios fantasmas y penalidades que no se cobraron.
Uno de los elementos de convicción más importantes que ha logrado obtener la Fiscalía son las conclusiones del examen especial de control realizado por el gobierno regional de Ancash, como consecuencia de la ejecución parcial del contrato N° 177- 2011 de fecha 30 de setiembre del año 2011, suscrito entre Consorcio Jurídico y la Sub Región El Pacífico, determinando un perjuicio económico causado al Estado ascendente a 1 millón 978 mil 154.52 nuevos soles.
Este significativo monto de dinero del erario público se pagó en favor de Consorcio Jurídico (integrado por las empresas Goya SRL, Constructora Armas y Julio César Martínez Estrada) por partidas presupuestales que jamás se ejecutaron, como es el caso del cheque por 1 millón 322 mil 091.27 nuevos soles que se giró por adquisición de mobiliario, equipamiento, licencia de software, materiales y equipos que jamás ingresaron a la obra.
Además, se ha podido establecer que a pesar que la propia Sub región El Pacífico reconoció un saldo por pagar a favor de la contratista por un monto de 188 mil 328.87 nuevos soles, sin embargo, los ex funcionarios Juan Carlos Gallo Zegara (ex gerente), Luis Alberto Ponce Díaz (ex sub gerente de administración), Pepe Wilmer Jara Delgado (ex jefe de contabilidad) y Elpidio Palomino Bojorques (ex jefe de tesorería) autorizaron un pago de 588 mil 727.62 nuevos soles; vale decir, 400 mil 398.75 nuevos soles en exceso.
Finalmente, se ha probado en el examen especial de control, que estos mismos funcionarios autorizaron el pago a Consorcio Jurídico por 255 mil 664.60 nuevos soles por la adquisición de una subestación en caseta de 13.2 KV y redes primarias con transformix, pero se ha verificado la inexistencia física de los mismos.
Todos estos pagos, fueron autorizados por el Ing. Willar Augusto Cerna Altamirano, ex supervisor de la obra y Milton Carlos Meléndez Luján, ex supervisor general de obras de la Sub Región El Pacífico, quienes debieron corroborar la pre-existen cia de estos equipos y mobiliario, sin embargo, no lo hicieron.
El examen especial de control que detectó estas irregularidades fue elaborado por los auditores Vicky Sadith Rodríguez Valverde, Carlos Roberto Tarazona Jiménez, Amalia Karina Ángeles Cervantes y Alan Glen Barrenechea de la Cruz.
PERO HAY MAS
La Fiscalía también ha podido establecer que los consultores Mauro Antonio Núñez y Walter Alfredo Botello Alva cobraron por servicios de consultorías que jamás realizaron, sino únicamente entregaron sus recibos por honorarios en blanco para que esquilmen los recursos del Estado. Por estos trabajos fantasmas, se pagaron 106 ml 600 soles.
En los próximos ocho meses la Fiscalía Anticorrupción buscará consolidar sus elementos de convicción con una serie de diligencias para posteriormente pronunciarse si procede acusar o sobreseer (archivar) la causa.