En concordancia con la política de lucha contra la corrupción en el Estado emprendida por el doctor Víctor Ticona Postigo, el Poder Judicial impuso a nivel nacional 13,307 sentencias condenatorias por delitos contra la administración pública, entre el 1 de enero y el 16 de diciembre de 2015.
Estas sentencias fueron dictadas contra autoridades regionales, provinciales y distritales, así como funcionarios públicos de todos los niveles del Estado, magistrados y terceros particulares involucrados en estos hechos.
De acuerdo con estadísticas de la Sub Gerencia de Producción y Administración de Plataformas del Poder Judicial, los delitos cometidos con mayor frecuencia fueron cohecho, en sus distintas modalidades, (con 4,272 sentencias condenatorias), colusión (3,791), malversación de fondos públicos (2,745), peculado (2,658) y concusión (959).
Entre dichas sentencias destacan las impuestas al exjuez del 38° Juzgado Penal de Lima, Wilbert Sánchez Vera, de tres años y ocho meses de cárcel efectiva por prevaricato, y la prisión preventiva por nueve meses, dictada contra la fiscal de Tambogrande, Piura, Danitza Carrasco Delgado, acusada de solicitar una coima de 20 mil soles para favorecer a una investigada
En lo que atañe a autoridades elegidas por voto popular, el Poder Judicial condenó a cinco años de cárcel efectiva al suspendido gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, y a nueve años de prisión efectiva al exalcalde de Echarate (Cusco), Elio Pro Herrera, por colusión y negociación incompatible.
Igualmente, se amplió por 18 meses la medida de prisión preventiva contra el expresidente regional de Áncash, César Álvarez y se condenó a 19 años de prisión al exalcalde del distrito puneño de Taraco, Andrés Miliano Incahuanaco, por los delitos de peculado doloso agravado y contra la fe pública.
La gestión del presidente del Poder Judicial, doctor Ticona Postigo, se caracteriza no sólo por ser intolerante a cualquier acto de corrupción, sino también por ejecutar acciones ejemplares para combatirla de manera frontal, siempre respetando el debido proceso y los derechos de las partes procesales.