Los deudos del alcalde de Samanco Francisco Ariza Espinoza y del abogado Henry Aldea Correa, cruelmente asesinados el 20 de octubre del año pasado, se reunieron la semana pasada con la finalidad de plantear un público pedido a la Policía Nacional., en aras de consolidar la investigación que iniciaron respecto a este alevoso crimen.
Tanto el padre del abogado Henry Aldea como los hijos del alcalde Francisco Ariza se dirigieron públicamente a los altos mandos de la Policía en Chimbote y la Región, así como al Ministro del Interior, para demandar que el equipo policial que realizó las investigaciones relacionadas a este sonado caso y que pudo descubrir a los autores materiales como intelectuales, retorne a nuestra ciudad para que se encargue de capturar a los asesinos que siguen sueltos.
En efecto, las pesquisas relacionadas con el doble crimen de Nepeña fueron realizadas por personal policial que contó con el apoyo de un grupo especializado de crimen organizado y homicidios que llegó de la capital de la república, fue enviado por el Ministerio del Interior luego del execrable crimen y es el mismo que, al cabo de dos meses de arduo trabajo, pudo identificar y capturar a los que ejecutaron el atentado y quienes pagaron a los sicarios.
Este grupo policial que estuvo a cargo del Mayor Morales fue el que pudo establecer el móvil del doble asesinato e identificó a cada uno de los autores, fue el que estableció que detrás de este alevoso atentado existieron ambiciones de poder y de lucro, un ex alcalde que estaba desesperado por asumir las riendas de la Municipalidad para lucrarse y que al no poder hacerlo utilizó a los regidores con los cuales planificó la eliminación de Francisco Ariza, asesinando también al abogado Henry Aldea que en ese momento lo había acompañado a una diligencia.
De allí que los deudos advierten que ese grupo policial fue eficiente y por ello estiman conveniente que retorne para que concluya este caso poniendo a buen recaudo a los delincuentes que hasta el momento se encuentran con orden de prisión pero se ocultaron y no los encuentran.
Han trascurrido casi dos meses desde que la Policía dio el golpe capturando a los primeros autores materiales, a los taxistas y elementos de apoyo que tomaron parte en el atentado, pudo obtener valiosos testimonios de ellos para que, al cabo de unos días, capture a los regidores del cuerpo edilicio del asesinado alcalde Ariza, entre ellos a quien fue su primera regidora y ya para entonces se había ungido como alcaldesa.
La sorpresa y el repudio fue generalizado, la población toma conocimiento de un hecho despreciable, la alcaldesa y los cuatro regidores eran detenidos e internados en el Penal de Cambio Puente, cinco de los partícipes del atentado corrían la misma suerte, mientras que los autores intelectuales, el ex alcalde Jaime Casana Escobedo, su abogado Carlos Bazán Castro y el nexo de ellos con los sicarios, Andrés Vásquez Julca (a) “Chileno” se ponían a buen recaudo y fugaron de manera sorpresiva.
Sin embargo, en el ínterin los ejecutores del doble crimen, dos adolescentes de apenas 16 años de edad que fueron utilizados para asesinar a la autoridad y su abogado, conocidos como “Cumpita” y “Shado”, se entregaron a las autoridades al advertir que estaban rodeados y que no tenían escapatoria, acogiéndose a los beneficios que ofrece la ley a quienes confiesan un delito y optan por la terminación anticipada del proceso.
Los dos adolescentes fueron puestos a disposición del Juzgado de Familia y su testimonio servirá para consolidar las pesquisas y las conclusiones de la Policía en la medida que reconocen la autoría de los concejales de Samanco que hasta la fecha vienen negando su participación en el evento delictivo.
Sin embargo, estos adolescentes se pusieron a disposición de la justicia de manera voluntaria y gracias a ello han sido merecedores de beneficios que les permitirán solo pasar cinco y seis años de internamiento en un centro de menores o un establecimiento penal al cual serán trasladados cuando cumplan la mayoría de edad, lo que quiere decir que ellos no han sido capturados por acción de las autoridades.
Esto es lo que preocupa a los familiares, es decir, que desde que el equipo especializado de la Policía abandonó nuestra ciudad no se ha concretado captura alguna de los sindicados como los cerebros de este doble crimen, han transcurrido dos meses y hasta el momento no se tiene avance alguno en materia de seguimiento y detenciones.
Esto es cierto y se suma a una serie de situaciones similares que han dominado la escena de la ineficiencia policial en el pasado año, pues no se trata solo de estos prófugos que no son hallados por la Policía sino de varios personajes que siguen en la misma condición sin que las autoridades puedan aprehenderlos.
El caso más conocido y significativo es el de la ex alcaldesa de Chimbote Victoria Espinoza García, quien a sabiendas que sería condenada por la justicia la Policía permitió que se escabullera y se pusiera a buen recaudo el 22 de setiembre del año pasado, fecha desde la cual se encuentra inubicable a pesar que por entonces no pudo haber salido de la ciudad.
En la misma condición y con mucha antelación se encuentran el ex alcalde de Nuevo Juan Gasco Barreto y su entonces gerente municipal Rodolfo Barrantes Machaca, quienes fugaron en enero del año pasado tras recibir una orden de prisión preventiva de 18 meses y el primero de los cuales lo hizo delante de la prensa cuando estaba atendiendo en su consultorio del hospital I de Essalud.
El Consejero regional por Casma, José Luis Lomparte Monteza es otro de los prófugos que no puede ser capturado por la Policía, mientras que ex alcalde de Casma Rommel Meza Cerna tiene esa misma condición por el crimen de su antecesor.
De allí que algo se tiene que hacer para impulsar la acción de búsqueda y captura de los requisitoriados por la justicia, es evidente que la Policía Judicial de Chimbote no tiene la capacidad para poder aprehender a los prófugos de la justicia, de allí que el llamado de los deudos del alcalde y abogado asesinados el año pasado es un pedido pertinente y debería ser escuchado y atendido por el Ministro del Interior y los altos mandos policiales. Alto a este clima de impunidad que generan estos prófugos.