El Fiscal de Prevención del Delito, Carlos Zavaleta Grandez intervino la mañana de ayer en el local de la Red de Salud Pacífico Norte y consiguió que tanto el ejecutivo como los trabajadores sindicalizados encuentren una vía de comunicación fluida y respetuosa para superar las diferencias que mantienen, siempre con apego a la ley.
Tras permanecer por más de dos horas con los representantes de los trabajadores y la administradora de la Red de Salud, pues el director Jhonny Cano Suárez no quiso aparecer por el lugar; Zavaleta Grandez exhortó a ambas partes a ejercer sus funciones con respeto irrestricto a las normas administrativas y la ley.
Por ejemplo, el representante del Ministerio Público advirtió que si bien es cierto, es facultad del director de la Red de Salud incorporar a nuevo personal contratado en reemplazo de aquellos que vienen ocupando dichos puestos, sin embargo, también reconoció el derecho a que los actuales sean evaluados y se justifique y argumente las razones de su cese.
“Hemos levantado un acta donde hay un compromiso de ambas partes de dialogar, de sincerar las puestos de contratados a ser reemplazados y la necesidad de evaluar a los que ya las ocupan, antes de decidir su cambio. También se debe respetar la prórroga de los CAS tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional y en cuanto a los cambios sorpresivos que se han dado, que guarden el debido proceso y no sean en realidad actos de represalía, sino que estén debidamente justificados” enfatizó el magistrado.
Mientras se desarrolló la reunión en las oficinas del director de la Red, en los exteriores, el personal de esta institución, mantenía tomado el local exigiendo que no se tomen represalias contra sus compañeros dirigentes y manteniendo la exigencia al gobernador regional Waldo Ríos Salcedo, para que cese en sus funciones al cuestionado director Jhonny Cano Suárez.
Los trabajadores exigen que se repongan en sus puestos a los servidores Mercedes Lozano Villena, Jorge Ayasta Llenque y Víctor Ávila Acuña, rotados en las últimas horas en represalia a que encabezaban las medidas de protesta y por ser cercanos a la gestión anterior de María Díaz Gil.