Devuelven acusación. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte Superior de Justicia del Santa devolvió la acusación fiscal del caso “fotopapeletas” tras considerar que el representante del Ministerio Público no había precisado con claridad las imputaciones que pesan en contra del exalcalde Luis Arroyo Rojas y todos los involucrados en esta investigación.
Tras escuchar la acusación formal por la presunta comisión del delito de colusión por parte del Fiscal Mario Muñoz Villanueva así como los argumentos de los abogados de los imputados; la Jueza Susana Quispe Trujillo decidió devolver la carpeta fiscal al representante del Ministerio Público para que en el plazo de 5 días, detalle con mayor precisión cada uno de los hechos imputados a cada uno de los investigados.
Muñoz Villanueva deberá señalar con claridad porqué razones está pidiendo que pase a juicio oral la investigación seguida contra el exalcalde provincial Luis Arroyo Rojas, los exregidores Alberto Enríquez Namay, Víctor Llanos Muñoz, Oswaldo Ávalos Ángulo, Henry Torres Romero, Katherine Moreno Alzamora, Norberto Aguilar Carranza, Adela Vásquez Córdova y Carlos Lynch Rojas.
También se investiga a la exjefe de Administración Tributaria de la comuna provincial, Carmen Villanueva Acosta y la empresaria Zaida Karina Fernández Morales, representante legal de la empresa “Zaikafer” que fue beneficiada en forma directa en una sesión de concejo con la concesión de este servicio.
Para todos ellos la Fiscalía ha solicitado 4 años y diez meses de cárcel, salvo para la exregidora Adela Vásquez para quien el Ministerio Público pide que se le aplique una sanción de 3 años, pero también efectiva. En el caso del exconcejal, Gilberto Arellano Castillejo, ya no será tomado en cuenta, pues la Fiscalía informó que falleció el año pasado.
Los abogados de los imputados, señalaron ayer en la audiencia de control de acusación, que los regidores no aprobaron ninguna concesión en favor de la empresa Zaikafer, pues lo único que se aprobó y que está redactado en él acta de la sesión, es la autorización para que el ejecutivo municipal inicie la concesión de este servicio.
Inclusive, cuestionaron que el propio Ministerio Público haya formulado el sobreseimiento en contra de la ex secretaria general del Municipio y actual Juez Liz Muñoz Beteta, a quien señalaron como la responsable de haber cometido el error de transcribir él acta con acuerdos que jamás se adoptaron, como fue la concesión directa a la empresa Zaikafer.
Una vez que la Fiscalía reformule su acusación fiscal, deberá notificarse a las partes del proceso, para que luego de formular las oposiciones que corresponda, se convoque nuevamente a audiencia para realizar el control de la acusación, lo que se denomina etapa intermedia del proceso; lo cual tendrá que ser necesariamente, después del periodo vacacional del mes de febrero.