La Fiscalía Supraprovincial que investiga los actos de corrupción registrados durante la gestión del ex presidente regional César Álvarez, ha citado a una serie de personas que tienen relación o conocimiento de los crímenes registrados el año 2010, uno en la vivienda del ex consejero Ezequiel Nolasco y el otro en la ciudad de Trujillo, en donde abatieron al entonces vicepresidente regional José Luis Sánchez Milla.
En realidad lo que investiga la Fiscalía son los presuntos pagos que se hicieron a Policías, Fiscales y hasta Jueces con la finalidad de bloquear o archivar las denuncias que se formulaban contra el ex presidente regional o sus funcionarios de confianza, una pesquisa que ha sido retomada hace algunas semanas atrás por disposición de una Fiscalía Superior de Lima.
Para este efecto, el Fiscal Elmer Chirre ha solicitado la declaración del Comandante ® de la Policía Nacional Eduardo Arrunátegui Correa y de Miguel Ponce Jaramillo, un ex integrante de la Banda “Los aleteros de Paiján”, quienes están vinculados o tienen conocimiento del primer atentado registrado en la vivienda de Ezequiel Nolasco, en el que mataron a su hijo político Roberto Torres Blas, y, el segundo en el asesinato de José Sánchez Milla, en la ciudad de Trujillo.
En el primer caso se busca con acierto establecer las razones por las cuales no se profundizaron las investigaciones cuando existían elementos claves para establecer responsabilidades en quienes ordenaron este atentado criminal, pues el Comandante ® Eduardo Arrunátegui fue en aquel año Jefe del Departamento de Tránsito de la Policía de Chimbote y fue esta unidad la que detuvo a la conocida como “testigo clave” Hilda Saldarriaga Bracamonte (a) “La Mamma”.
Como es de dominio público, esta mujer reveló ante las autoridades en pleno, inclusive, delante del entonces Jefe de la división policial, Coronel Sáenz, que el atentado en la vivienda de Ezequiel Nolasco fue planificado en su rancho, que estuvo involucrado su entonces conviviente Arnaldo Ordinola Muñoz (a) “Nayo” y que allí llegaron los sujetos a los que identificó como Piolín (Jaime Sánchez Cachay), “Chilipino” (Eduardo Torres Corso)y otros más con los cuales perpetraron el golpe.
Sin embargo, todos saben que a pesar de las precisiones y revelaciones de esta mujer no quedó detenidas a pesar que se encontraba en ese momento con una requisitoria, la dejaron en libertad y no se actuaron diligencias inmediatas para corroborar su testimonio, por el contrario, se hizo llegar a la autoridad judicial un atestado policial que solo sirvió para modificar la tipicidad y atenuar la responsabilidad de los denunciados.
Mientras ello ocurría nunca se le dio una protección especial a la testigo clave, por el contrario, en el interin los medios de comunicación dieron cuenta de audios sospechosos relacionados con su testimonio que trataba de ser descalificado por los vinculados a este hecho, hasta que aquella fue ultimada en su domicilio, la asesinaron delante de sus propios hijos porque ni la Policía, ni la Fiscalía y menos el Poder Judicial de entonces se preocuparon en darle protección a sabiendas que era poseedora de un testimonio clave que, aparentemente, advirtió que daría a conocer en el juicio oral que se aprestaba a iniciarse cuando se registró el atentado en su contra.
Permitieron que la silencien y ese detalle no ha sido debidamente investigado por el Ministerio Público que recién, cinco años y medio después, trata de deslindar a efectos de conocer lo que realmente ocurrió aun cuando para los chimbotanos ha sido más que evidente y escandaloso.
De la misma manera, la Fiscalía ha citado a un sujeto ligado a la delincuencia, Miguel Ponce Jaramillo porque fue involucrado en el atestado policial que se elaboró como consecuencia del crimen del entonces vicepresidente regional José Luis Sánchez Milla a pesar que, posteriormente, se pudo conocer que no tuvo nada que ver y fue liberado.
Ponce Jaramillo era por entonces integrante de una banda conocida como “los aleteros de Paiján” y por entonces el crimen de Sánchez Milla se dibujó como un presunto asalto a mano armada con consecuencia de muerte por resistencia del occiso, sindicando a dicho individuo como uno de los asaltantes.
Justamente, este atestado policial es que utilizó permanentemente el ex presidente regional César Álvarez para responder a quienes aludían la sospecha que se cernía sobre su presunta intervención en el crimen de José Sánchez Milla, pues muchos deben recordar que en ese momento se encontraba como presidente encargado en la medida que Álvarez había solicitado licencia para postular a la releección.
De la misma manera, en ese año se estaba dilucidando un millonario paquete de obras por 800 millones de soles que la oposición del consejo regional liderada por Ezequiel Nolasco rechazaba por hallarse sobrevalorizado y que José Sánchez Milla no estaba dispuesto a firmar por los mismos motivos, dos obstáculos que muchos piensan que trataron de salvar eliminándolos del camino.
Inclusive, las denuncias de Nieves Sánchez Milla, hermana del asesinado vicepresidente, jamás fueron atendidas por las autoridades, ella reveló que gente allegada al ex presidente regional, entre los cuales pudo mencionar a Juan Calderón Altamirano y el ex Policía Hugo Mayo Cortéz, viajaron de inmediato a Trujillo llevando llantas que hicieron cambiar a la camioneta para simular un asalto en la modalidad de aleteros y de la misma manera demandó que se haga una pericia a la resolución  que autorizó el millonario paquete de obras porque su hermano nunca llegó a aprobarlo en vida, por lo que sospecha que fue falsificada.
De esta forma, lo que se busca es tener nuevos elementos de juicio para establecer si en esos dos atentados criminales existieron Policías, Fiscales o Jueces que procuraron que se borren huellas del delito o que se desvirtúen los cargos delictivos a cambio de prebendas o pagos por lo bajo.
Al fin y al cabo es una investigación y lo que se busca es que se agoten todas las diligencias que resulten necesarias para hallar la verdad, por lo menos que se haga en este momento en razón que es un tardío impulso en tanto que estos cuestionamientos se conocieron hace muchos años. La Fiscalía inicia estas pesquisas este lunes, esperemos consiga su objetivo.