Cuatro ex regidores de la Municipalidad Provincial de Casma seguirán siendo investigados por el delito de patrocinio ilegal, tras favorecer en sesión de concejo a una empresa privada que lanzó el programa “Casa Mía” y donde se le pretendió beneficiar con una serie de ventajas que ni siquiera las había formulado en su petición.
Se trata de José Carlos Matheus Montalván, Enma Marilyn Lavado Vargas, Patrick Milagro Mendoza Ames y Cinthya Fiorela Paz Rojas, a quienes se les acusa de haber patrocinado intereses particulares de la empresa construcciones Martínez Núñez ante el Concejo Provincial de Casma en noviembre del año 2013.
Según la investigación fiscal, los ex regidores aprobaron el programa “Casa Mía” que había propuesto la empresa Construcciones Martínez Núñez y en cuya sesión de concejo, los imputados vertieron una serie de argumentos que no se encontraban comprendidos en los términos del proyecto.
Estos beneficios, que aparecieron de un momento a otro en favor de la empresa, eran de exonerar total o parcialmente el pago de los derechos de licencia de construcción de las viviendas que se construyan en el marco del programa “Casa Mía”; además, que el pago del impuesto predial se reajuste después de haberse ejecutado la construcción y finalmente, que sí el 70% de la población se acogía al proyecto, la empresa iba a construir un parque con piscina, para que sea administrado por los propios moradores.
Para la Fiscalía, los regidores investigados actuaron concertadamente para favorecer a la empresa privada, porque no sólo tenían un acercamiento evidente con sus representantes, sino que además, acudían con frecuencia al módulo de la empresa Martínez Núñez SAC que funcionaba en la calle Colón Manzana E lote 07- Casma.
“La Fiscalía sospecha que se comprometieron con la empresa, como si formaran parte de ella, hecho que se puede desprender del acta de infracción Nº 084- 2014 de fecha 22 de abril del 2014, en la que la imputada Enma Marilyn Lavado Vargas se identificó como secretaria de la empresa” culmina diciendo la disposición fiscal que ha solicitado una prórroga de investigación por ocho meses al Juzgado de Investigación Preparatoria de Casma.