El año pasado la denominada Comunidad Indígena de Chimbote y Coishco fue rechazada y repudiada en todos los sectores de la ciudad por su afán de pretender apoderarse de todas las propiedades públicas de la ciudad y asumir la propiedad de muchas extensiones que, inclusive, tenían dueños desde hace muchos años.
Para ello no ha vacilado en plantear sendas acciones legales y judiciales que pretenden utilizar a los aparatos administrativos y judiciales para asumir posiciones de propiedad sobre una diversidad de predios, incluso, en aquellos en donde hoy existen instalaciones recreativas, industriales, de servicios, entre otras.
Por ejemplo, reclamó a la Diócesis de Chimbote la propiedad del Vivero Forestal y demandó que se le retribuyan miles de soles de los usufructos obtenidos a lo largo de los últimos años como consecuencia de la explotación de sus instalaciones a través de los juegos recreativos, restaurantes, etc.
Lo mismo quiso hacer con la Municipalidad Provincial del Santa a quien reclamó la propiedad del terminal terrestre e igualmente tuvo la osadía de reclamar derechos sobre las utilidades obtenidas en su actividad regular, planteando acciones de reivindicación ante centros de conciliación extrajudicial que no tuvieron respuesta alguna.
También la empresa portuaria de Chimbote fue emplazada por los predios de la ex empresa Enapu Perú y así como ellas muchas otras entidades recibieron la visita de esta gente audaz que utiliza una añeja y señera entidad de nuestros ancestros que, en realidad, a la fecha había desaparecido y fue rescatada solo con fines lucrativos.
Tampoco se puede olvidar la manera como estos aventureros expusieron y sorprendieron al gobernador regional a quien aparecieron “donándole” los terrenos del sector conocido como la “pampa del hambre”, en donde dijeron que se construiría el hospital La Caleta, en medio de una ceremonia absurda y ridícula que puso de manifiesto la orfandad extrema de asesoría por parte del gobernador Waldo Ríos.
Ello porque una autoridad regional no puede aceptar de buenas a primeras que llegue cualquier hijo de vecino y le diga que le va a regalar un terreno cuando los actos de disposición patrimonial están sujetos a un procedimiento legal que debe ser sumamente minucioso, que deben acreditarse con documentos y deben sancionarse de acuerdo a formalidades que establece la ley.
No solo no hubo nada de ello, sino que el gobernador ni siquiera era consciente que los predios que “le estaban regalando” eran nada menos que una propiedad de la Municipalidad Provincial del Santa. Que se trataba de terrenos de condición especial que no estaban aptos para la construcción de un hospital y que, por último la ubicación para el mentado hospital ya estaban aprobados y se ubicaban en otro lado de la ciudad.
De todo ello debería estar al tanto el gobernador regional, empero, hizo un tremendo ridículo al reunirse ci gente que tenía antecedentes penales y judiciales, que se ha visto incursa en una serie de denuncias y hasta ha sido condenada por la justicia por traficar con terrenos y propiedades de terceros.
Por ello es que no extraña que nuevamente esta comunidad indígena se vea envuelta en denuncias de tráfico de terrenos, en esta oportunidad ha sido la procuradora municipal de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote la que ha advertido de las acciones dolosas de este grupo de personas que utiliza el nombre de dicha institución para apoderarse de cientos de hectáreas de tierras en los asentamientos humanos que se están formando en la zona sur y sobre los predios de propiedad de Chinecas.
La procuradora llevó a la prensa para que capten las imágenes de extensas áreas que han sido cercadas por esta gente y que se vienen vendiendo a muchas familias que carecen de propiedades u otras que tratan de sacar provecho adquiriéndolas en sumas asequibles con la finalidad que en un futuro, cuando exista formalización y saneamiento las puedan comercializar a ingentes cantidades de dinero.
Inclusive, la funcionaria edil mostró como esta comunidad indígena ha llevado maquinaria pesada y material de relleno con la finalidad de enripiar las zonas de acceso a los extensos arenales que existen en el lugar, es decir, que están habilitando nuevas zonas habitacionales con la finalidad de seguir traficando con estos terrenos, lo que pone de manifiesto que detrás de estas acciones se encuentra no solo un grupo de aventureros que trata de explotar sus apellidos similares a los de nuestros ancestros sino que hay empresarios ambiciosos que están invirtiendo fabulosas sumas de dinero con tal de traficar con las tierras de propiedad pública.
Frente a ello habría que resaltar las públicas declaraciones del conocido dirigente de la Comunidad Indígena, Ciro Hernández Correa, quien ha señalado que estas acciones de tráfico de tierras vienen siendo emprendidas por una seudo dirigencia que hace algunos años tomó las riendas de la comunidad mediante acciones dolosas de falsificación de documentos, todo lo cual ha sido descubierto por el Poder Judicial que los acaba de condenar por esos delitos.
Ha señalado con nombres y apellidos, entre ellos Carlos Andrade Cavero, Ángel Nicolás Díaz, entre muchos otros, como los responsables de estas manifestaciones dolosas de tráfico de tierras, mancillando el buen nombre de la institución y valiéndose aun de los documentos fraguados que les sirvieron para tomar por asalto la comunidad pero que ya el Poder Judicial los ha desestimado por ser fraudulentos, en otras palabras su personería es totalmente nula.
Si esto es así, si existe el testimonio de un miembro de la propia Comunidad Indígena que está alertando que existe un grupúsculo de gente que ya no tiene representación alguna pero que está traficando con los predios de los nuevos asentamientos del Cono Sur, no entendemos que es lo que esperan las autoridades no solo para desalojarlos sino para denunciarlos penalmente, existe la imperiosa necesidad de poner freno a este tráfico de tierras que se perpetra de maneta impune todos los días en la zona de nuevo Chimbote. Hay que actuar de inmediato.