El Ministerio Público, a decir de la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, es el organismo encargado de velar por la legalidad y, como parte en juicio, se constituye en representante de la sociedad, tiene el monopolio de la acción penal y como tal hace valer el derecho persecutor del delito en nombre de Estado.
De allí que todos reclamamos de manera permanente que se ponga siempre en el rol constitucional que le compete y demande las penas y medidas restrictivas que estén acorde a la ley, que responda a esa necesidad de justicia que reclama permanentemente la colectividad en la medida que los infractores de la norma suelen hallar siempre la manera como mantener un régimen de impunidad.
Por ello es que ha caído muy bien la reciente acusación que ha formulado el Fiscal anticorrupción Carlos Zárate Medina contra dos ex funcionarios de la Beneficencia Pública de Chimbote para quienes ha demandado que la justicia les imponga cinco años y medio de pena efectiva de cárcel por haberse coludido con malos empresarios en perjuicio de los recursos del estado.
Esto ha ocurrido en el marco de la investigación que se sigue contra el ex gerente de la Beneficencia Pública de Chimbote, José Saúl Fernández Izaguirre y el ex Jefe de Logística de la misma entidad, Wilder Narváez Ruiz, quienes afrontar cargos delictivos por delito de colusión junto al empresario Ismael Pimentel Cruzado.
Lo importante de esta acusación es que el representante del Ministerio Público quiere dejar sentado un precedente jurídico al demandar pena de cárcel para dos ex funcionarios que apelaron a una maniobra que se está haciendo una mala costumbre en la administración pública, cual es generar una situación de urgencia o desabastecimiento inminente para los efectos de adjudicar una determinada obra o servicio de manera directa y favorecer a una empresa que se presta a este juego, obviamente, a cargo de un favor o una prebenda.
En el caso de la Beneficencia Pública se trató de una obra de construcción de más de 600 nichos, la misma que se encausó por los canales de un proceso de adjudicación directa selectiva el año 2014 que, de pronto y repentinamente, fue declarado nulo por los investigados, provocando de esta manera una situación de urgencia porque el Cementerio de la ciudad se quedaba sin nichos.
De esta manera, se generó lo que ellos denominan como una “situación de urgencia” por desabastecimiento inminente, de tal suerte que apelaron a la adjudicación directa que recayó en la empresa “Roma Inversiones Generales SAC”, representada por el empresario que está sujeto también a un pedido de cárcel efectiva.
Pero esta acusación no se sustenta solo en el escenario suspicaz y dudoso que generaron las decisiones de los funcionarios para recurrir a un argumento vago y manido del desabastecimiento, sino que a través del levantamiento del secreto de las comunicaciones en la investigación el Fiscal ha podido establecer que entre los ex funcionarios y el empresario existieron una serie de llamadas antes, durante y después del proceso de selección frustrado y de la adjudicación directa, en otras palabras está probado que hubo una dolosa coordinación para adjudicarse la obra de manera oscura.
No le falta razón al representante del Ministerio Público cuando pide una sanción ejemplar para estos ex funcionarios porque a lo largo de todos estos años se han advertido que esta clase de “urgencias” o “desabastecimientos inminentes” resultan en realidad escenarios que son ex profesamente provocados por los propios funcionarios públicos a efectos de apelar a las adjudicaciones directas.
Recordemos que un hecho similar se presentó el año pasado en los primeros meses de la gestión de la suspendida y fugitiva ex alcaldesa Victoria Espinoza García, cuando las dependencias de la comuna no pudieron llevar a cabo el acto de licitación de productos destinados al programa del vaso de leche a pesar que en la anterior gestión dejaron todo preparado para llevar adelante la licitación que garantice la provisión de los productos a lo largo del año.
Sin embargo, este proceso no se hizo, demoró excesivamente, de tal suerte que cuando lo iban a convocar advirtieron que los plazos no cubrirían con las existencias que existían en el almacén, los programas del vaso de leche se quedarían sin alimentos para varias semanas lo que resultarían perjudicial para los comités que reciben estos productos.
Por ello es que se demandó al pleno municipal se sancione una declaratoria de urgencia a efectos de realizar la adquisición de los productos de manera directa, la conocida maniobra para entregar estas transacciones a los empresarios preferidos de determinada autoridad, razón por la cual un grupo de regidores se negó a sancionar este pedido.
Fue entonces que la administración edil permitió que las mujeres alharaquientas de los comités del vaso de leche invadan el recinto municipal y agredan e insulten a los regidores que se opusieron a esta modalidad, generándose una situación realmente bochornosa y que dejó la sensación de una presión innoble que dio lugar a que la contraloría como el Ministerio Público inicien procesos de investigación de este manejo municipal, empero, ha pasado ya casi un año y se desconoce en que quedaron esas pesquisas que se anunciaron con bombos y platillos.
Lo cierto es que esa misma modalidad desleal para el direccionamiento de los procesos de adjudicación por la vía directa ha sido descubierta con pruebas por el fiscal anticorrupción en un proceso de adjudicación de nichos por casi 700 mil nuevos soles y se demanda un castigo ejemplar para impedir que otros funcionarios públicos recurran al mismo y manoseado argumento.
Este caso recién pasará a control de acusación cuando se reinicien las actividades jurisdiccionales restringidas por las vacaciones de servidores y magistrados, por lo que habrá que esperar que los magistrados tramiten y concluyan convenientemente este proceso y respondan a las exigencias de la sociedad civil que aplaude la existencia de un precedente acusatorio para que se castigue con drasticidad esta clase de maniobras que solo se emprenden para sacarle la vuelta a la ley. Estaremos atentos a lo que ocurra.